Comisionado de Transparencia recibió 546 reclamaciones, el 70% por falta de respuesta previa

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes la Memoria de 2024, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, y que recoge que se presentaron 546 reclamaciones en materia de derecho a acceso a la información, 29 más que en el año anterior, además de que 7 de cada 10 reclamaciones fueron por falta de información solicitada previamente.

Según los datos facilitados por el Comisionado, de las 546 reclamaciones, 350 de ellas fueron por falta de acceso a la información solicitada a entidades locales, lo que representa un 64,10 por ciento del toyal; de las cuales 289 correspondieron a ayuntamientos, 35 a entidades locales menores, 25 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad.

por otra parte, 154 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica, 28 frente a entes del sector público autonómico, lo que incluye universidades, fundaciones y empresas públicas; cinco frente a colegios profesionales y nueve frente a otras administraciones.

Asimismo, 128 de las reclamaciones formuladas ante las entidades locales fueron presentadas por concejales (110) o por vocales de las juntas vecinales (18), mientras otros colectivos que han destacado por el número de reclamaciones presentadas han sido los representantes de los trabajadores, las asociaciones ecologistas, los profesionales de los medios de comunicación y las asociaciones de ciudadanos.

Asimismo, el 72 por ciento de las reclamaciones se presentan frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información solicitada por algún ciudadano lo que supone que siete de cada 10 de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa por parte de las administraciones.

Los motivos que han argumentado las instituciones para no facilitar esta información son la falta de disposición de dicha información, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales.

Los seis temas que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia tienen que ver con el empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, gestión, disposición de recursos públicos y sanidad.

RESOLUCIONES.

Por otro lado, el pasado año se formularon 498 resoluciones por parte la Comisión de Transparencia, lo que supone el mayor número de resoluciones dictadas desde sus inicios. De estas resoluciones, 234 han sido estimatorias y 154 han tenido como contenido la declaración de desaparición del objeto de la reclamación al haber sido proporcionada la información solicitada, y en 13 resoluciones se declaró el desistimiento del reclamante.

Asimismo, en 2024 se mantiene la tendencia de años anteriores con un aumento del uso de la nuevas tecnológías por parte de los ciudadanos ya que se han recibido 11.000 visitas más en la web y el 70 por ciento de las reclamaciones se presentaron en la sede electónica de la Comisión y un 4,4 por ciento por correo electrónico. Esto supone que tres de cada cuatro peticiones han sido formuladas por vía electrónica.

PORTAL ABIERTO JUNTA.

Respecto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, se continúa constatando un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación, pero respecto a las entidades del sector público autonómico que no publican su información en dicho portal, como son la Fundación Siglo, Hemoterapia y Hemodonación y Fundación Santa Bárbara "se sigue observando la necesidad de introducir mejoras en cuanto a la reutilización de la información y el acceso a ella por personas con discapacidad".

En lo que respecta a la Administración local, existen dos realidades. Por un lado están la diputaciones, ayuntamiento de capitales y de municipios de gran tamaño, que con carácter general cumplen cada vez más la normativa, y por otro lado están los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores donde la "escasez o carencia" de medios afecta a la obligación de publicar la información.