VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha abordado la interposición de ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la "vulneración" del derecho de defensa de la Junta de Castilla y León en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco.
Según ha explicado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, con esta decisión la Junta da "un paso más" en la defensa de las empresas de la Comunidad, puesto que el objetivo es "evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas", con lo que "se lograría que unas y otras compitieran en situación de igualdad".
De este modo, el portavoz de la Junta ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "ignoró" el mandato del Tribunal de Luxemburgo. Es decir, eludió realizar las diligencias solicitadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que hubieran permitido dilucidar si la Junta estaba en lo cierto- y dictó sentencias sin más trámite, privando a Castilla y León de toda posibilidad de alegar y probar su postura.
Esta situación obligó al Gobierno autonómico a presentar ocho recursos de casación en 2009 y 2010 ante el Tribunal Supremo (TS).
ARGUMENTOS
Como argumenta la Junta desde 1996 las diputaciones vascas "favorecen" a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos.
En opinión de la Junta, se trata de un claro ejercicio de competencia fiscal desleal que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León. Por eso el Ejecutivo regional ha intentado siempre impedir la aplicación de este tipo de normas forales.
