La Comunidad reduce su factura con bancos e inversores el 0,75 por ciento por la bajos tipos y por "la buena gestión" de la cartera
VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha supeditado tanto la subida salarial acordada con los empleados públicos como la oferta de empleo público a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pendientes aún de un acuerdo parlamentario, o a otra normativa que lo posibilite.
Así lo ha asegurado el presidente en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2018 que contempla esa subida salarial del 1 por ciento comprometida con los empleados públicos para el próximo ejercicio pero que requiere de la aprobación previa de las cuentas generales, que podrían empezar el año prorrogadas.
Para ello, el capítulo 1 o de personal del proyecto de presupuestos de la Junta para 2018 contempla 3.678,6 millones de euros, con un incremento del 1,5 por ciento, y un peso del 33,88 por ciento del total de un presupuesto que alcanza los 10.859,21 millones, el mayor de la historia presupuestaria de Castilla y León.
De hecho, el 86,7 por ciento del gasto de personal corresponde a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, las denominadas tres consejerías sociales que sustentan los servicios fundamentales y prioritarios para la Junta.
Por su parte, el capítulo 2 o de gastos corrientes contabiliza 1.430,4 millones, un 3,97 por ciento más con un peso del 13,17 por ciento sobre el total. De esta cantidad, el 94,2 por ciento se destinará al funcionamiento ordinario de hospitales y centros de salud; colegios, comedores y transporte escolar, y centros de mayores, entre otros. Según sus datos, sólo Sanidad consume 988 millones del capítulo 2 con 79,2 millones de euros para el resto de las consejerías no sociales lo que ha equiparado con un gesto de austeridad.
En el caso de los gastos financieros, encuadrados en el capítulo 3, absorben 288,5 millones de euros, un 0,8 por ciento menos, de los que el 97 por ciento se emplea en pagar los intereses de la deuda pública, mientras que el resto va a abonar los derivados de los préstamos de apoyo a las empresas y de "algunas líneas" de descuento a las que pueden acogerse los proveedores.
Por cuarto año consecutivo la Comunidad reducirá su factura con bancos e inversores el 0,75 por ciento debido al escenario de bajos tipos "pero también a la buena gestión de la cartera".
Herrera ha cifrado en 2.812,9 millones las transferencias corrientes que aumentan en 104 millones de euros con respecto a 2017 (el 3,9 por ciento), "un dinero extra que, como el grueso del capítulo 4 (sin contar la PAC), permite atender y reforzar el gasto social".
En este punto ha informado de que el próximo año más de 100.000 alumnos de la etapa obligatoria tendrán libros de texto gratuitos, casi el 50 por ciento del total, con la partida para este fin engorda el 24 % hasta los 15,5 millones. También crece el 3,27 por ciento la reservada para la Renta Garantizada de Ciudadanía (que llega a 79 millones de euros); el 13,5 por ciento la correspondiente a las prestaciones de la Dependencia (dotada con 149 millones), y el 4 por ciento la que atiende los pagos de la farmacia hospitalaria (601 millones de euros).
Las operaciones de capital, "las grandes sacrificadas" durante los años más duros de la crisis en favor del mantenimiento de las políticas sociales y los servicios públicos, encadenan el quinto ejercicio al alza y registran un "sustantivo incremento" del 9,5 por ciento hasta los 1.367 millones de euros.
Herrera ha sumado a la "fuerte escalada" de las inversiones reales (del 16,7 por ciento) la de las transferencias de capital (del 4,1 por ciento), lo que eleva al 12,6 por ciento el peso conjunto de los capítulos 6 y 7 sobre el Presupuesto.
Por último, el capítulo 8, de operaciones financieras, computa 94,2 millones, una cifra que es el 14,2 por ciento inferior a la de 2017, un descenso que obedece a que en las cuentas de este año se contabilizó un préstamo de 75 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigido a financiar el Plan de Crecimiento Innovador mediante apoyos reintegrables a las empresas, de los que 50 millones se van a ejecutar en lo que queda de ejercicio y los restantes 25 millones en 2018.
Herrera ha informado en este punto de que los activos financieros incluyen la dotación para la aportación de la Junta a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y 10 millones procedentes del BEI para financiar iniciativas de eficiencia energética y fuentes renovables.
Para finalizar, el capítulo 9 aglutina las operaciones de amortización de la deuda pública que vence en 2018, cifrada en 1.187,5 millones de euros. "La mayoría de este gasto tiene un efecto neutro, porque es un pasivo que simultáneamente se amortiza y se repone", ha explicado.
