VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Valladolid aprobó por una unanimidad del Pleno ordinario de hoy instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que envíe una propuesta a la Comisión Europea con el objetivo de que catalogue como Zona Desfavorecida a todos los municipios de la Comarca Centro de la provincia que cumplan con los requisitos requeridos para esta denominación.
De este modo, con esta proposición, presentada por el Grupo Provincial Popular y modificada, en parte, en uno de sus puntos, se pretende que los municipios de esta comarca puedan recibir ayudas europeas ya que ahora se encuentran "en desigualdad ante agricultores y ganaderos" que realizan su actividad agraria en zonas desfavorecidos.
En concreto, debido a que se incluyen en esta comarca la capital vallisoletana y otros municipios del alfoz, se alcanza una densidad de 160 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que la normativa europea señala que para que una comarca sea declarada Zona Desfavorecida debe tener una densidad de 37. En este sentido, el diputado 'popular' Máximo Gómez Domínguez señaló que la densidad sin incluir la capital se sitúa en los 34,7 habitantes por kilómetro cuadrado y sin el alfoz en 16,61.
En principio, la proposición presentada por el PP se refería a la Comarca Centro aunque, tras un debate en el que el PSOE pidió que se reestructurara la división comarcal de estos municipios, finalmente se hizo una referencia a los pueblos de la zona.
De este modo, la diputada socialista María Jesús Lobo mostró su apoyo a la propuesta del Partido Popular aunque presentó una enmienda, no aprobada, para que la Diputación instara a la Junta de Castilla y León a rehacer la Comarca Centro para que "los municipios cumplan la Directiva europea y puedan ser Zona Desfavorecida".
Por otro lado, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes, Salvador Arpa de la Fuente, presentó otra proposición, rechazada con los votos del PP, para solicitar la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana que regule la participación tanto de asociaciones como de ciudadanos en los asuntos provinciales.
En este sentido, Arpa de la Fuente señaló que las elecciones democráticas de los representantes "no agotan" las posibilidades de ejercer el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Jesús García Galván, señaló que para su partido la puesta en marcha de la herramienta planteada por IU "no es procedente" mientras que recalcó que la Diputación "está abierta a la ciudadanía".
Además, el diputado socialista Isidoro García Pando apoyó la proposición y señaló que es un "punto de encuentro" entre la democracia representativa y la participativa mientras que recordó el esfuerzo de la Institución provincial por retransmitir los debates del Pleno en directo.
El Grupo Provincial de IU presentó otra proposición, rechazada de nuevo con los votos contrarios del PP, para solicitar a la Junta de Castilla y León que anule el coste que se cobrará a los padres cuyos hijos participarán en el Programa Centros Abiertos.
En este sentido, Salvador Arpa de la Fuente aseguró que la Junta "no diferencia entre aquellos que tienen más o menos ingresos" mientras que recalcó que la imposición de este canon "va en contra de la filosofía con la que nació" este programa de conciliar la vida familiar de los padres de alumnos.
Por su parte, la diputada del PSOE Marta Olmedo comentó que las asociaciones de madres y padres de alumnos mostraron su "absoluto rechazo" y añadió que este costo supondrá "agravar la situación" que viven las familias. "El objetivo puede ser hacer desaparecer el programa", comentó.
Finalmente, la diputada 'popular' María Ángeles Cantalapiedra criticó el "discurso de la izquierda más rancia" mientras que señaló que "es necesario" establecer un sistema de pago fruto del acuerdo al que se ha llegado y que ha contado con el apoyo del Consejo Escolar de Castilla y León.
CONVENIO CON EL FUNCIONARIADO
Anteriormente, el Pleno había aprobado distintos puntos referidos a las áreas de la Institución aunque el debate surgió en el referido a la aprobación inicial del Acuerdo para el personal funcionario de la Diputación.
Arpa de la Fuente criticó que se aprobara el acuerdo con el apoyo del 50 por ciento de las centrales sindicales porque el convenio de funcionarios "debe llevarse a cabo" con el consenso de los sindicatos.
El PSOE recordó que una de las partes firmantes "está fragmentada" porque dos sindicatos, Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), no han firmado el convenio.
El diputado de Personal, Agapito Hernández Negro, mostró "respeto absoluto" hacia esta postura aunque añadió que "debería de primar" el sentido de responsabilidad con la sociedad mientras que añadió que el acuerdo, "el mejor posible", cuenta con el apoyo de "la mayoría de los trabajadores".
Asimismo, representantes de CC.OO. y de CSI-CSIF se concentraron en el patio interior del edificio de la Diputación para protestar por la firma del convenio ya que "es la primera vez" en 16 años en que la Diputación "rompe" el consenso con los sindicatos.
Asimismo, Marta Olmedo presento una moción del PSOE para que la Diputación habilite un servicio de transporte a las personas mayores de la provincia que requieran del servicio de estancias diurnas de la Residencia Cardenal Marcelo.
Rechazada finalmente, la moción no contó con los apoyos del Grupo Provincial Popular desde el que se señalo que el objetivo de este Centro de Día es "facilitar" que las personas que viven en municipios vallisoletanos y trabajan en Valladolid puedan llevar a sus mayores a este centro.
Finalmente, los grupos socialista y de IU Los Verdes procedieron al turno de preguntas en los que se trataron temas como el Curso 'Mujeres del Siglo XXI', la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (17 de mayo), la puesta en marcha del Banco del Tiempo o las obras de la VP 6603 entre Mota del Marqués-Casasola y Travesía Villalbarba.
Sin embargo, la pregunta que más debate generó fue que propuso el diputado provincial socialista Juan José Zancada sobre la propuesta de adjudicación de la explotación y gestión del Teatro Zorrilla a la empresa Iniciativas Teatrales.