Dos interventores del Estado ven "ilegal" la avocación para autorizar parques eólicos en CyL

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos interventores generales del Estado han calificado de "manifiestamente ilegal" la figura de la avocación o instrucción que en 2004 centralizó en manos del entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, las competencia que hasta entonces tenían los jefes de los servicios territoriales de Industria de cada provincia para autorizar la instalación de parques eólicos en Castilla y León.

El testimonio de ambos peritos, en una nueva jornada del juicio iniciado en septiembre en la Audiencia de Valladolid contra los catorce encausados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios afines, como perceptores de 'mordidas' por más de 80 millones de euros y que se prolongará en principio hasta el 28 de enero de 2026, se ha centrado en la referida instrucción de avocación 2/2004 en virtud de la cual los jefes de Industria de las distintas delegaciones territoriales se vieron privados de esa competencia para autorizar parques eólicos, que recayó, exclusivamente, en Delgado.

A este respecto, los peritos, en declaraciones recogidas por Europa Press, han sido categóricos al afirmar que la polémica instrucción no sólo era ilegal por cuanto arrebataba competencias a los citados funcionarios, que las ejercían a partir del decreto 189/1997, sino también porque la avocación "es un acto único que ha de aplicarse por cada acto administrativo, no de forma general, algo no admisible, como se ha hecho con todas las solicitudes".

La entrada en vigor de la avocación, a juicio de ambos peritos, originó una "incidencia real" y desencadenó la paralización de los expedientes. Pese a reconocer la "complejidad" en la tramitación, entienden que la demora pudiera dilatarse hasta dos años, pero en ningún caso tres años, como ocurrió en 31 de los expedientes analizados; cuatro años, en otros 41 expedientes, o cinco, en otros 38. "Pero es que tenemos algún caso de paralización de hasta once años, !esto no puede ser", ha exclamado uno de los interventores

Para su pericial, los dos peritos hicieron una primera selección de 209 expedientes, de más de 2.000 entonces existentes, y de ellos finalmente se centraron en doce que recibieron autorización y uno que no pasó la criba, el de Altos del Rasero, cuya solicitud se remonta a 1999 y siguió una tramitación que "fue normal" hasta el año 2006, cuando ya contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, pese a ello, quedó relegada al entrar en competencia territorial con el parque de Ventosa del Ducado, "cuya tramitación fue rapidísima". "Altos del Rasero presentó alegaciones pero sus alegaciones fueron ignoradas, no obtuvo respuesta", han criticado.

Pero además, los interventores constatan numerosos cambios en la titularidad respecto de las empresas que promovieron los parques y los que finalmente se hicieron con los proyectos, hasta cuatro en alguno de los casos, en alusión a ese supuesto proceso de criba impuesto por el principal inculpado, Rafael Delgado, y otros compañeros de banquillo para que los promotores iniciales sucumbieran al chantaje de dar entrada en el accionariado a empresarios locales que ellos mismos elegían. "Se observa que con esas transmisiones se producía una clara agilización de los proyectos, en especial los de Energía Global Castellana", la sociedad vehículo participada por varias filiales de Iberdrola y San Cayetano Wind del industrial también encausado Alberto Esgueva.

Los peritos achacan estos cambios en el accionariado de las sociedades a "motivos especulativos" y coinciden en que algunos de los empresarios que entraron en el negocio eólico no tenían interés alguno en explotar parques sino únicamente en "obtener un documento administrativo" para sacar dinero con él.

PROYECTOS VALORADOS EN 260 MILLONES, VENDIDOS POR 36

También ha comparecido un perito propuesto por la acusaciones particulares ejercidas por IDER y Augusta Wind, supuestos perjudicados en la 'trama eólica', en cuyo informe sostiene que ambos grupos empresariales se vieron obligados a vender en 2005 sus proyectos de parques eólicos por los que obtuvieron poco más de 36 millones, de ellos 28,5 la primera sociedad y 7 millones de euros la segunda, pese a que en su conjunto las instalaciones proyectadas contaban con un valor cercano a los 260 millones.

La pericial de parte situaría a ambas como grandes perjudicadas tras las supuestas presiones recibidas desde el Ente Regional de la Energía (EREN), vehiculadas también presuntamente por quien entonces ocupaba el puesto de viceconsejero de Economía, Rafal Delgado, para que desistieran de seguir apostando por el sector eólico y vendieran sus acciones a SINAE, en el caso de IDER, y a ACS, en el caso de Augusta Wind.

Durante la exposición, el perito ha ratificado su informe de mayo de 2012, basado en un "modelo teórico", que ha cuantificado el valor de un total de siete proyectos de parques eólicos vendidos por ambos grupos empresariales, teniendo en cuenta su vida útil de 25 años, la ubicación, precios utilizados para determinar los ingresos por energía, lucro cesante. ..y otra serie de parámetros que le llevan a cifrar en 260 millones globalmente lo que los promotores podrían haber obtenido "en el supuesto de que las negociaciones se hubieran realizado entre partes independientes, no de forma forzada, pues en este caso no regiría el precio de mercado".

La jornada ha contado también, a modo de anécdota, con la entrada en sala al inicio de la vista, por equivocación, del jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valladolid. El funcionario estaba a la espera de entrar en otro juicio por un presunto caso de tráfico de drogas, si bien se ha producido una cierta confusión y ha entrado para testificar en el juicio de la 'trama eólica'. "¡Usted es policía, se ha equivocado de juicio!", le ha advertido rápidamente el magistrado que preside el proceso eólico entre las risas de las distintas partes que ejercen las acusaciones y las defensas.

El juicio entrará este martes en una nueva jornada con la esperada pericial del inspector de Hacienda Juan Manuel Tocino.