VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exdirector de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía (EREN) Ricardo González Mantero ha vuelto a situar este martes al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado como el 'alma mater' de la supuesta trama eólica que investiga la Audiencia de Valladolid al asegurar que el acusado fue quien le hizo entrega de un listado con el nombre de socios locales que había que imponer a los promotores de parques eólicos e incluso que para lograr su propósito "amenazaba" con paralizar sus proyectos si no claudicaban a sus pretensiones.
Si este lunes este testigo monopolizó prácticamente el juicio, en jornada de mañana y tarde, y se limitó a responder al interrogatorio al que le sometió durante casi cinco horas el Fiscal Anticorrupción, este martes González Mantero ha seguido en el estrado para responder a las preguntas del resto de acusaciones y las defensas en cuyo transcurso ha seguido incriminando directamente en la trama a Rafael Delgado, su "superior jerárguico" al que obedecía cuando comenzó a partir de 2005 a dar instrucciones para favorecer a empresarios locales en el negocio eólico.
Al respecto, González Mantero, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha remontado a los primeros meses de ese año para recordar un encuentro mantenido con Delgado en un despacho al que el aludido se presentó con un "papel manuscrito" con una serie de socios que había que incorporar en los proyectos de parques eólicos. "Contenía algún nombre que ni siquiera conocía, como el de Hoteles Conde Rodrigo, pero en el que figuraban también los de Helios, Indal...y que me obligó a copiar porque no me dejó conservar el papel. Me pareció ya raro entonces pero con el tiempo te das cuenta de que algo más había ahí", ha advertido el testigo.
El exresponsable del EREN ha vuelto a poner como génesis de lo que ahora se está investigando en aquella instrucción de 2004 de la Consejería de Economía que instauró, de forma innecesaria, la figura de la avocación que ponía en manos del entonces viceconsejero el poder de autorizar los parques eólicos, arrogándose así la facultad que desde 1987 se encontraba en manos de los servicios territoriales de Industria de las nueve provincias, y una reunión celebrada en Valladolid el 30 de marzo de 2005 con todos los responsables de dichas áreas a los que se dieron instrucciones sobre los parques que tenían que pasar a tramitación, algo que ya entonces contó con el rechazo del responsable de Burgos, Mariano Muñoz, y que dejó plasmado por escrito.
El testigo ha hecho referencia durante su declaración a dos etapas en la actividad Delgado, una primera "más ligera" porque ya había muchos parques avanzados y una segunda, "más activa" a partir de 2009, en la que el aludido trató de alterar la planificación con la imposición de nuevos, algo que, como así le advirtieron tanto él como el entonces jefe de Eólicas en el EREN, Tomás Ciria, "no tenía sentido porque eran nuevos, no tenían avance y no cabían en los nudos de transporte".
Como ejemplo de esas supuestas maniobras para torcer el brazo de los promotores para obligarles a incorporar socios locales, González Mantero ha vuelto también a referirse a una reunión de marzo de 2005 en la Consejería de Economía con responsables de Iberdrola, que ha tildado de "paripé", en la que estos últimos mostraron un frontal rechazo que luego, tras ausentarse del encuentro Rafael Delgado, pasó a ser de total y sumisa aceptación de las condiciones impuestas, al tiempo que ha recordado otra reunión que el propio testigo mantuvo en las instalaciones del Grupo San Cayetano, a la que acudió con el cometido de trasladar a sus dueños el acuerdo que el viceconsejero había cerrado y que permitió a dicha empresa local entrar en el negocio eólico de la eléctrica a través de Energía Global Castellana. Dicha sociedad, como así ha advertido el testigo, obtuvo una potencia de 500 megavatios, "con diferencia, la mayor de todas".
NO ERA OBLIGATORIO DAR ENTRADA A SOCIOS LOCALES
"No tenía por qué darse entrada a socio local alguno. No se podía obligar desde el punto de vista administrativo, no había razón ni técnica ni administrativa, pero desde el punto de vista material lo que se ve es que si no se llegaba a un acuerdo con socios locales, los proyectos quedaban paralizados", ha resumido el exresponsable del EREN.
Y entre algunas de las mercantiles perjudicadas por no plegarse a las pretensiones de Delgado, el testigo ha apuntado nombres como Nordex, Augusta Wind, Ider o Altos del Rasero, mercantil esta última con un parque de 40 megavatios que no recibió nunca autorización administrativa ante las supuestas presiones del acusado para que diera entrada en su accionariado a Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por Iberdrola a través de Biovent, en lugar de que incorporara al Grupo Eyra ACS.
En el caso de Augusta Wind, González Matero ha asegurado que la empresa recibió indicaciones para vender los parques de la Lora 1 y Lora 2, "a las que Delgado había establecido", de forma que finalmente la promotora vendió sufriendo un claro perjuicio, ya que los compradores le ofrecieron 10.000 euros el megavatio, cuando el precio del mercado era "por lo menos" de 150.000 euros el MW, mientras que en el caso de IDER el testigo sostiene que es un "claro ejemplo" de paralización administrativa porque su proyecto no avanzó hasta que se incorporó un socio local.
"¡YA OS LLAMARÁN!"
Otra supuesta prueba de que la planificación de parques estaba 'teledirigida' hace referencia a las constantes visitas que uno de los acusados, César Hernández Chico, de Preneal S.A, realizaba a estancias administrativas para pedir la entrada del grupo en algún parque. "Inicialmente acudía como técnico pero luego empezó a mostrar una serie de comportamientos que nos hicieron sospechar. Nosotros le decíamos que no era posible y el nos respondía con un "¡ya os llamarán!"
Entre las damnificadas figura también Ibervento, del empresario vallisoletano Javier Mozo, quien remitió una carta en marzo de 2006 al entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para denunciar las presiones sufridas y los obstáculos en los parques que promovía en Valladolid y Burgos con motivo de tener socios extranjeros. En este caso, el testigo ha recordado que la paralización la promovió Delgado, de quien ha recordado la frase justificativa que le dio: "¡Si doy un parque a los alemanes, me cortan la cabeza!"
El exresponsable del EREN ha manifestado también que el listado con el que se pretendía favorecer a empresarios locales era, cuando menos, "discutible". "Yo soy leonés y en ese listado no aperece ninguna mercantil leonesa", ha denunciado.
En cualquiera de los casos, González Mantero ha dejado bien claro que por aquellas fechas ninguno de los funcionarios que tramitaron los parques tuvieron conciencia de que se hubieran estado cometiendo irregularidades. "La percepción que teníamos es que se había hecho un magnífico trabajo para hacer de Castilla y León la primera comunidad autónoma eólica del país con mucha diferencia", ha sentenciado.
El juicio celebrará este miércoles una nueva jornada de testificales, en este caso centrada en la persona del que fuera jefe de Eólicas del EREN, Tomás Ciria.
La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.
El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.
Hasta que no estaba garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local.
A este respecto, González Mantero ha denunciado que la competencia por evacuación era "la excusa" o "justificación" que daba Delgado para poder quitar de la planificación determinados parques "cuando no se accedía a sus pretensiones. Sin embargo, esa competencia ya había sido resuelta y no había lugar a ningún trámite posterior", ha zanjado el testigo.