VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Facua Castilla y León ha reclamado a la Junta que se obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos de bus a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta 'Buscyl' han tenido que abonar porque los autobuses no tenían implantados los dispositivos de lectura.
En un escrito remitido al director general de Transportes y Logística del Ejecutivo autonómico, Facua ha señalado que hay usuarios que durante todo el mes de septiembre no han podido usar sus tarjetas al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario para validar sus viajes.
La organización ha explicado, en un comunicado recogido por Europa Press, que ha tenido conocimiento por parte de usuarios titulares de esta tarjeta en formato digital de que hay algunas líneas de autobús donde no se ha podido utilizar durante todo el mes de septiembre al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario para validar sus viajes gratuitos.
Por ello, durante varias semanas los usuarios han tenido que comprar los billetes por el método habitual para viajar en autobús aunque las compañías "estaban obligadas a tener activos los dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró el funcionamiento el nuevo sistema de transporte Buscyl".
Precisamente, Facua ha recordado que el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias explica que tiene la consideración de cláusula abusiva "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados", por lo que "el hecho de obligar a los viajeros a pagar al no disponer de estos dispositivos hace que no puedan beneficiarse de los descuentos que tienen concedidos".
También la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León establece en su artículo 42.1 letra e) que serán consideradas infracciones administrativas "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas", o cualquier tipo de intervención o actuación "ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales de los bienes y servicios, así como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturación y la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago".
Por todo ello, Facua ha pedido a la Administración autonómica que inste a las empresas que prestan servicios de transporte en trayectos cubiertos por la tarjeta 'Buscyl' a habilitar canales para que les puedan ser abonadas a los consumidores las cantidades que han pagado por trayectos que deberían haber sido gratuitos.