Fiscalía mantiene la petición global de 214 años de cárcel para los seis acusados de una red de trata en Burgos

BURGOS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Burgos ha mantenido su petición de penas que suman un total de 214 años de prisión para los seis integrantes de una presunta red de trata de mujeres desmantelada en la provincia.

En la sesión de conclusiones celebrada este martes, la representante del Ministerio Público ha solicitado una condena de 64 años de cárcel para la principal encausada, considerada la cabecilla de una trama criminal que, según ha denunciado, se aprovechaba sistemáticamente de la vulnerabilidad de las víctimas.

La fiscal del caso ha asegurado que los acusados funcionaban como una "maquinaria engrasada" para captar a mujeres en situaciones precarias bajo falsas promesas laborales. Según ha expuesto en su informe final, la red introducía a las víctimas en España como turistas para, posteriormente, aprovechar su situación de irregularidad administrativa con el fin de anular su voluntad.

La acusación ha subrayado que las mujeres eran sometidas a un "control férreo" mediante amenazas y lesiones psíquicas que impedían cualquier capacidad de decisión propia. El Ministerio Público ha otorgado plena credibilidad a los testimonios de las tres testigos protegidas que han declarado en el juicio, calificándolas de "auténticas heroínas".

Fiscalía ha sostenido que sus relatos han sido "coherentes y sin fisuras", lo que permitiría dar por probado un escenario de trata de seres humanos, prostitución coactiva y abuso de autoridad. En la estructura descrita, la principal acusada ejercía la coacción directa mientras otros implicados se encargaban de la vigilancia, la recaudación de dinero y la gestión logística de los pisos.

Por su parte, las defensas de los encausados han solicitado la libre absolución al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una red delictiva. Los abogados defensores han argumentado que las testigos utilizaron las denuncias como una estrategia para regularizar su situación legal en España y han reducido la actividad de sus representados al simple alquiler de habitaciones. Asimismo, han afirmado que las mujeres ejercían la prostitución de forma libre, alegando que disponían de sus pasaportes y mantenían cierta vida social.

Finalmente, la representante de la acusación pública ha rechazado estas alegaciones al entender que no tienen peso frente a una investigación policial exhaustiva que se ha prolongado durante más de dos años, a la vez que ha insistido en que la realidad expuesta por las víctimas es incompatible con la versión de la defensa, reafirmando que la organización criminal operaba de forma coordinada para lucrarse con la explotación ajena.

Tras la exposición de las conclusiones definitivas, el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Burgos.