MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha acordado desestimar dos recursos administrativos interpuestos contra el permiso de investigación de hidrocarburos 'Cronos', que comprende áreas de las provincias de Soria y Guadalajara, otorgado a la sociedad "Frontera Energy Corporation" mediante un Real Decreto de 26 de abril de 2013, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sector de Hidrocarburos.
Los recurrentes alegaron indefensión en el procedimiento por no haberlos sometido a participación pública extendida. Además, reclamaron ser parte interesada y solicitaban la suspensión del acto por los supuestos perjuicios medioambientales que se pueden derivar de la explotación.
Por tratarse de recursos de reposición, corresponde resolverlos al mismo órgano que dictó el acto impugnado, es decir, al Consejo de Ministros.
En concreto, los dos acuerdos desestiman los recursos sobre la base de que la condición de interesado debe considerarse circunscrita, a tenor de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la jurisprudencia, a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado por el permiso, lo que no concurre con los recurrentes.
Además, se basa en que sobre la oposición al inicio de los trabajos y suspensión del permiso por daños medioambientales, el acto administrativo se configura como una concesión demanial, por lo que no puede entrañar por sí ninguna afección al medio ambiente.
No obstante lo anterior, cabe señalar que en el procedimiento de tramitación de todos los permisos de investigación de hidrocarburos y, en particular de este permiso 'Cronos', la solicitud del permiso se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que el otorgamiento de dicho permiso de investigación de hidrocarburos no implica la autorización de los trabajos concretos previstos en su plan de investigación.
Estos trabajos requieren una autorización específica y, en esta autorización, la protección del medio ambiente en la realización de proyectos o trabajos que pudieran realizarse está garantizada por medio de un procedimiento que establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental.
