VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León presentará una enmienda a la totalidad y otras ochenta y cuatro parciales al Proyecto de Ley por el que se modifican la organización y funcionamiento de las instituciones de la Comunidad, al considerar que tanto PP como PSCL pretenden con ello eludir el "control" y la "fiscalización" que tales órganos realizan de las actuaciones administrativas y burocráticas de las distintas administraciones.
Las enmiendas anunciadas por González pretenden preservar precisamente esa capacidad de control que realizan el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común, algo que en el caso de las dos primeras instituciones, tal y como ha denunciado, ya sufrió una importante merma desde el punto de vista de su capacidad fiscalizadora con motivo de la reducción aplicada a su número de integrantes.
Esa pérdida de control, en opinión del líder de IU, se produciría de "entrada y de salida", en el primer caso referido al Consejo Consultivo y al CES, ya que tienen por cometido informar sobre las decisiones administrativas del Gobierno antes de la presentación de un proyecto de ley que tenga que ver con la legislación de Castilla y León o con la materia socioeconómica, respectivamente, y en el segundo caso porque afectaría a la labor del Procurador del Común y del Consejo de Cuentas, que fiscalizan la salida de aquellas decisiones administrativas y financieras adoptadas por las distintas administraciones de la Comunidad.
"DESNATURALIZACIÓN Y QUIEBRA DEMOCRÁTICA"
Por ello, González ha expresado su frontal oposición a una reforma de estas cuatro instituciones que supondría su "absoluta desnaturalización, una quiebra democrática y una falta de respeto institucional", cuando además, ha apostillado, todas ellas se encuentran perfectamente definidas en el Estatuto de Autonomía y deben regirse por una ley propia.
Pero además, el procurador del Grupo Mixto ha criticado con dureza dicho proyecto de ley por cuanto, según su criterio, "interfiere gravemente la capacidad de autorregulación de las Cortes", en referencia a que la nueva reglamentación propuesta prevé la creación de una Secretaría General que desde el Parlamento autonómico, "de forma arbórea", ejercerá un control sobre esas cuatro instituciones, y ello a pesar de que "el Ejecutivo no debe interferir nunca en la reglamentación del Legislativo".