LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han detectado la presencia de 13 empleados que prestaban servicio sin alta en la Seguridad Social en una explotación agrícola del Órbigo (León).
Se trata de una actuación que se llevó a cabo el pasado mes de mayo y que se enmarca en la programación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la lucha contra el empleo irregular en el sector agrario.
De los 13 trabajadores presentes en el centro de trabajo, siete no han podido ser identificados correctamente, lo que ha motivado que se practique a la empresa acta de infracción por obstrucción; otros cinco no figuraban dados de alta en la Seguridad Social y uno de ellos era un trabajador extranjero que carecía de autorización administrativa para trabajar.
Además, la Inspección Provincial de Trabajo ha apreciado que no se respetaban las condiciones de trabajo mínimas legalmente establecidas para los trabajadores, motivo por el que también se ha practicado acta de infracción, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León en un comunicado recogido por Europa Press.
Dichas infracciones están tipificadas en aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000) como graves y muy graves y se corresponden con sanciones que van de 3.126 a 10.000 euros en caso de falta de afiliación o alta de los trabajadores en la Seguridad Social y de 10.001 a 187.515 euros para el supuesto de ocupación de perceptores de prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo.
Además de las sanciones económicas, la legislación prevé sanciones accesorias que suponen para el empresario la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios de programas de empleo, desde la fecha de la infracción, además de la posibilidad de exclusión del acceso a tales beneficios por un plazo máximo de un año, o de dos años si hay reiteración en la infracción.
En este caso, los beneficiarios de la prestación o el subsidio de desempleo están obligados a devolver las cantidades indebidamente percibidas.
