Junta financió el 79,9% del Sistema de Dependencia, con 550,8 millones y el Estado aportó 138,7 millones

   VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Las comunidades autónomas financiaron el 84,4 por ciento del Sistema de la Dependencia, mientras que la aportación del Estado es del 15,6 por ciento, aunque en el caso de Castilla y León, la Junta costea el 79,9 por ciento del Sistema con una aportación de 550,8 millones y el Estado aportó el 20,1 por ciento restante, 138,7 millones

   Según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajó con respecto al año anterior aunque en los PGE de 2021, además de una subida del 17,4 por ciento de las cuantías del denominado nivel mínimo de protección, se incluye la recuperación del nivel acordado con una cuantificación aproximada de unos 600 millones de euros.

   Asimismo, el pasado año 2020 cuatro comunidades han disminuido en

   2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a

   personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja.

   El gasto medio por persona el pasado año se situó en España en 7.991 euros aunque en Castilla y León fue de 6.568 euros y se atendió a 104.991 personas, por lo que es la cuarta comunidad con más población dependiente atendida, por detrás de Andalucía, con 221.731 beneficiarios; Cataluña (159.636) y Madrid (136.694).

   Asimismo, el gasto total certificado por Castilla y León para la atención a la dependencia el pasado año fue de 689,61 millones de euros, de los que 550,8 millones los aportó la Junta y 138,7 millones el Estado, y se sitúa en quinta posición por detrás de Andalucía, con 1.386 millones; Cataluña (1.384 millones); Madrid (1.148 millones) y País Vasco (826,8 millones).

   En el informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales se recoge que en el año de la Covid, fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia en toda España, de las que 21.005 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.