La Junta de Personal de las Cortes comparece en el juzgado el jueves por la denuncia contra Herrero por acoso

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León habrán de comparecer este jueves, 5 de junio, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid en calidad de testigos con motivo de la denuncia que una funcionaria de dicha institución presentó contra el ya exsecretario general y letrado mayor de la misma, Marcos Herrero, por someterla a una situación de acoso laboral.

De este modo, serán interrogados en sede judicial el presidente de la Junta de Personal, la secretaria y tres vocales, el primero a las 09.30 horas y el resto a las 09.50, 10.10, 10.30 y 10.50 horas, respectivamente.

Pero además, el referido juzgado acaba de admitir a trámite la petición realizada por el letrado de la acusación particular para la realización de un informe sobre las retribuciones extraordinarias percibidas tanto por el propio Marcos Herrero como por el presidente de la Junta de Personal y la personaba que ha ocupado el cargo de la denunciante una vez apartada del mismo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su interrogatorio obedece a que los miembros de la Junta de Personal, en un informe de 44 páginas remitido a Instrucción 4, aseguraron no tener conocimiento de "ninguna actuación referida al personal de la Cámara constitutiva de acoso laboral" y apuntaban también que "los hechos relatados" por la denunciante, a su juicio, "no pueden entenderse constitutivos de tal delito", a lo que añadían que en el informe de comunicaciones laborales la supuesta víctima "nunca ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso".

El que fuera secretario general y letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, ya declaró por estos hechos, en calidad de investigado, el día 16 de diciembre de 2024 y entonces negó mantener cualquier animadversión personal hacia la funcionaria que le denunció por acoso y sostuvo que todas sus decisiones se ajustaron a derecho, sin incurrir en ninguna actuación delictiva, incluida la de apartarla del puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, lo que le fue comunicada a la denunciante vía telefónica y cuando se encontraba de vacaciones.

Sin embargo, un reciente auto de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ordenaba reponer a la denunciante en su puesto de trabajo tras declarar nula de pleno derecho la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada el 10 de julio de 2024 por la Mesa de las Cortes regionales, que permitía que la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa que ocupaba la funcionaria pudiera ser ocupada por personal de la Escala de Ingeniería, además del Cuerpo Técnico. Tal modificación, como así advertía dicho auto, no tenía otra finalidad que eludir el cumplimiento de una sentencia anterior que ya había declarado nulo el cese de la funcionaria en mayo de 2022.

Además, el tribunal acordaba remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid para que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal. "Constando que existen las Diligencias previas no 1321/2024 del Juzgado de Instrucción no 4 de Valladolid, por hechos relacionados en el presente auto y a efectos de que se pueda dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal, procede acordar la remisión de testimonio de particulares al referido Juzgado", señalaba el auto.

EFECTOS DEL ÚLTIMO AUTO

A raíz de ello, el secretario general y letrado mayor de las Cortes presentó su dimisión el pasado día 23 de mayo, mientras que otra de las consecuencias es que la funcionaria afectada fue repuesta fugazmente en su cargo ya que al poco tiempo pasó a ocupar, por adscripción provisional, el puesto de interventora--es de superior categoría que el anterior--por jubilación de la titular.

La funcionaria inició acciones contra el ya dimisionario Marcos Herrero por entender que todas las decisiones adoptadas por el investigado no han tenido otra finalidad que humillarla, aislarla laboral y sociolaboralmente, a la vez que perjudicarla en su carrera profesional, realizando además actuaciones encaminadas a que el único puesto de trabajo que pueda obtener en las Cortes de Castilla y León carezca de funciones, se encuentre al margen de las tareas de administración y económicas y tenga un nivel y un salario inferior al que le corresponde y al del resto de sus compañeros del mismo cuerpo.

Por todos los medios, siempre según la denuncia, se trataba de impedir que la funcionaria pudiera acceder a puestos relacionados con la gestión administrativa, la contratación pública y también a la nueva Escala Económico Financiera, para lo que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se crearon convocatorias que por sus requisitos impedían la participación de la denunciante, actos que considera una auténtica represalia.