La Junta traslada su apoyo a los vecinos de Arroyovereda afectados por la ocupación ilegal de viviendas

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, se han reunido con representantes vecinales de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, para conocer la situación actual derivada de la ocupación ilegal de viviendas que afecta a la zona residencial desde 2022.

Durante la reunión, el consejero ha destacado la "preocupación del Gobierno autonómico por las graves consecuencias que esta problemática ha generado en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, así como por el deterioro urbano y económico que padece el entorno".

Suárez-Quiñones ha subrayado que la Junta "está del lado de los vecinos y de la legalidad", y ha remarcado que la voluntad del Ejecutivo autonómico es "colaborar activamente con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada".

También, ha señalado que la Consejería realiza "un seguimiento permanente" de este tipo de situaciones, "especialmente en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad".

"La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades", ha indicado el consejero.

Asimismo, los vecinos han trasladado a los responsables autonómicos su malestar ante la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial que sufren desde hace más de tres años.

Además, han destacado "la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno de España y de la Sareb", y han reclamado actuaciones "más ágiles en los procesos judiciales y medidas que eviten nuevas ocupaciones".

En este contexto, el consejero ha reiterado el compromiso de la Junta de "defender los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales"

A su vez, la institución autonómica ha recalcado la "necesidad de sustituir los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda", que "amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos".

Finalmente, Suárez-Quiñones ha aseverado ante los representantes de los vecinos que la "ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia", y ha asegurado que apostará por "una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal".