PP y PSOE rechazan la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto contra el "despropósito legislativo" del PL de Estabilidad
VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha señalado este miércoles el principio de estabilidad como "condición necesaria" para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, aunque ha advertido que no pide "tener fe ciega en la estabilidad en sí misma", ya que debe sumarse "a las reformas del sector financiero y a las estructurales ya en marcha".
Así lo ha afirmado Del Olmo durante la presentación ante las Cortes para su debate del Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria que fija un techo de gasto no financiero y crea un fondo de reserva.
En su intervención, la consejera ha insistido en que la estabilidad y la disciplina presupuestaria supone "uno de los principales retos" que "Castilla y León, como comunidad y España, como país, tienen" para "superar cuanto antes los desequilibrios financieros que lastran la capacidad real de maniobra, de garantía de los servicios públicos esenciales y el crecimiento económico".
Asimismo, ha advertido de que incrementar el déficit y recurrir a "elevadas emisiones de deuda nueva año a año no es bueno ni garantiza por sí solo el crecimiento económico", por lo que ha reclamado que su control y reducción sea "un esfuerzo compartido entre todos los entes que conforman el subsector de administraciones territoriales de Castilla y León".
Pilar del Olmo ha recordado que la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, desde su presentación el pasado 29 de diciembre, "se ha visto afectada por condicionantes importantes" como la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 2/2012 el pasado 27 de abril, y la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012, lo cual "ha aconsejado posponer su debate formal" hasta hoy.
Tal y como ha explicado la consejera, el proyecto establece "medidas e instrumentos de disciplina presupuestaria", el procedimiento y actuaciones que "deberá llevar a cabo la Junta para velar por el cumplimiento del objetivo de estabilidad", así como el establecimiento de una "regla de gasto", un "techo de gasto" y un Fondo de Reserva para "dirigir posibles superávit a la disminución del endeudamiento neto".
Por otro lado, la responsable de Hacienda ha defendido las "obligaciones de suministro de información" a la Intervención General de la Administración de la Comunidad y el sometimiento del límite de gasto a las Cortes regionales para "ampliar la participación del poder legislativo" y "mejorar la transparencia".
ENMIENDA A LA TOTALIDAD
Por otro lado, el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este miércoles con los votos de los grupos parlamentarios Popular y Socialista de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto a dicho Proyecto de Ley.
Durante su turno de palabra, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Izquierda Unida (IU), José María González, ha tachado la iniciativa de "despropósito legislativo" y "gesto de acatamiento servil a las políticas neoliberales que dominan la Unión Europea", lo cual "contribuirá a "empobrecer la población hasta niveles intolerables", pues supone "negar la capacidad de endeudamiento en un momento de recesión económica".
Para González, el proyecto se suma a la "antidemocrática reforma del Artículo 135 de la Constitución" y supone "aceptar" que la Carta Magna "puede ser pisoteada", que el Estatuto de Autonomía "pueda ser degradado y convertido en papel mojado" y "reconocer que la Junta cede soberanía y autogobierno".
El procurador de IU, que ha abogado por "un sistema federal de corresponsabilidad fiscal", ha insistido en que se trata de una reforma "por entero innecesaria" y ha advertido de que el déficit estructural se basa "en una estimación que tiene diferentes metodologías para calcularlo", por lo que se ha preguntado "quién lo medirá".
Finalmente, ha augurado que el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria supondrá una "más rápida caída hacia la ruina" y será "una mochila de granito con la que tendrán que cargar los castellanoleoneses".
LEY "ABSOLUTAMENTE NECESARIA"
Por su parte, el procurador del Grupo Popular Salvador Cruz ha señalado que se trata de una ley "absolutamente necesaria" que plantea "la corresponsabilidad a todos los entes" y que "permite que las cortes participen en la fijación del techo de gasto".
Asimismo, ha pedido una apuesta "clara y evidente" por la estabilidad presupuestaria, que debe ser "un principio irrenunciable" y ha recordado que los últimos años de "gasto exagerado" ha elevado el déficit público "a cotas elevadísimas" que "no generan más crecimiento, sino más paro y desempleo".
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, también ha defendido el Proyecto de Ley en un momento en que "los mercados están mirando con lupa cada paso de las comunidades autónomas", aunque lo ha achacado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se encargó de culpabilizarlas del déficit", y a algunas regiones "gobernadas por el PP" que "ocultaron sus cifras reales".
Asimismo, ha justificado el rechazo de su grupo a la enmienda del Grupo Mixto "por responsabilidad, por coherencia y por convicción", ya que en su día apoyaron la reforma de la Constitución y considera que la estabilidad, aunque "no es un fin en sí mismo", constituye "un medio para alcanzar otros objetivos, como garantizar la estabilidad de los servicios públicos".
Redondo también ha cargado contra la tramitación "kafkiana" del Proyecto de Ley, ya que se aprobó en diciembre "a sabiendas de que tenía condicionalidad porque no se había aprobado la ley estatal".
PROYECTO DE LEY
Este Proyecto de Ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de diciembre en el que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explicó que la ley de 'Techo de gasto' responde a un compromiso propio asumido en junio de 2011 además de que es la "leal aportación" de Castilla y León "al objetivo de estabilidad del reino de España" y al mandato del artículo 135 de la Constitución Española.
En lo que respecta al techo de gasto no financiero anual, se calculará el porcentaje de variación de dicho gasto "realizando una media aritmética" de la evolución del PIB de nueve años (los cinco años anteriores, el corriente y los tres posteriores) y se remitirá a las Cortes para su aprobación al inicio del primer periodo anual de sesiones, es decir, en septiembre.
