El PCAS-TC reclama la reincorporación del Hospital Universitario de Burgos en el Sistema Público de Salud

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha reclamado este viernes, ante la "polémica y el escándalo" que ha surgido recientemente en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada Ribera Salud, que la Junta de Castilla y León reincorpore el Hospital Universitario de Burgos al Sistema Público de Salud de la comunidad autónoma.

En un comunicado recogido por Europa Press, los castellanistas recuerdan la filtración de audios internos del CEO de la empresa privada Ribera Salud que gestiona este hospital público madrileño en régimen de concesión, y que "evidencia prácticas dirigidas a aumentar los beneficios económicos de la empresa a costa de la atención sanitaria, como, tales como priorizar pacientes más rentables".

Esta formación se ha posicionado en contra de los modelos "de privatización o pseudo privatización" del Sistema Público de Salud, mediante concesiones privadas, "que en su práctica generalidad son a la larga mucho más costosos económicamente, mucho más opacos y que en determinadas circunstancias perjudican el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía".

PCAS-TC observa una "proliferación de este modelo" en comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Galicia o Castilla y León, lo que ven como "una agresión al Sistema Público de Salud y las evidencias exhiben a las claras que su generalización sirve exclusivamente para enriquecer a grandes grupos financieros del sector sanitario, propiciar la corrupción y la falta de transparencia del sistema".

LOS COMUNEROS, "POR UN HOSPITAL DE BURGOS 100% PÚBLICO".

El PCAS-TC ha reclamado, como recuerda que ha hecho desde "hace 20 años" el rescate de la concesión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), "construido y gestionado por una concesión público-privada donde el Sacyl mantiene la responsabilidad sanitaria y la empresa Eficanza gestiona los servicios no asistenciales y la infraestructura mediante un contrato de concesión de 30 años".

Los castellanistas denuncian que el pago anual a Eficanza "ha ido creciendo año tras año, desde los 36 millones iniciales hasta los más de 85 millones de euros que se pagan en la actualidad".

Según el PCAS-TC "los servicios que gestiona Eficanza" como "limpieza, mantenimiento, logística, aparcamientos, restauración, esterilización y energía, entre otros" se abonan "a precios muy superiores a los estándares de cualquier hospital público".

Dada la duración de 30 años del contrato y su vencimiento en 2036, estiman que "el coste total acumulado hasta el final del contrato, supondrá que la Junta de Castilla y León habrá pagado alrededor de 2.000 millones de euros por la gestión y canon, mucho más de lo que costó construirlo inicialmente".

Para el PCAS-TC, la reversión integra a la gestión pública del HUBU "se podría financiar en tres años", al tiempo que reivindican un plan de choque para fortalecer la Sanidad Pública en Castilla y León consolidando su Gestión Pública, que comience por la reversión, "la auditoría independiente de todos los contratos público-privados, un plan de retorno ordenado de servicios externalizados (limpieza, mantenimiento, logística y diagnóstico) en todos los hospitales de Castilla y León y la garantía de continuidad de los profesionales y estabilidad laboral".

PROPUESTAS CASTELLANISTAS PARA LA SANIDAD PÚBLICA

Además, ven necesario en el sector autonómico de la Sanidad un incremento de la financiación, por lo que se debería "elevar el presupuesto de Sacyl hasta el 8 por ciento del PIB regional".

Proponen también un Plan de Choque Rural que busque "asegurar por ley que todos los consultorios rurales esenciales tengan médico y enfermera al menos varios días a la semana"; un refuerzo estructural de Atención Primaria; o la estabilización del personal y fidelización en la comunidad, con una "reducción real de la temporalidad bajo el 8% en Sacyl".

Asimismo, plantean un Plan de modernización hospitalaria que contribuya a la renovación urgente del equipamiento de hospitales y una red de salud mental adaptada al envejecimiento rural, con equipos itinerantes de psicología y psiquiatría para zonas rurales más aisladas.

Otras medidas giran en torno a la transparencia y participación ciudadana, con la publicación trimestral de listas de espera por hospital y por especialidad; y basar el modelo de atención a los mayores en el envejecimiento activo, con "programas de actividad física, alimentación y prevención con ayuntamientos y diputaciones".