La Plataforma por el Soterramiento no ve razón objetiva para disolver la SVAV y critica los "cuentos chinos" de Puente

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento de Valladolid considera que no hay razón objetiva alguna para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), que considera una "amenaza" y un "chantaje" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así lo han señalado los portavoces del colectivo, Alfonso Peña, Cecilio Vadillo y José Luis Lara, quienes han ofrecido una rueda de prensa en la que también han pedido la dimisión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, por la obra de integración y construcción de la tercera vía que se realiza en el puente Encarnado de Pilarica, lo que consideran "un grave atentado ecológico", motivo por el que han presentado un escrito en la Delegación del Gobierno.

Los miembros de la Plataforma, que ha convocado una asamblea este miércoles a las 19.00 horas en el Centro Cívico de Pilarica, han advertido de que no se resignarán frente a "chantajes" como la construcción de la nueva estación y las "amenazas" de disolever la Sociedad que como dice Puente, que va "con un cuento chino detrás de otro".

A juicio del colectivo, no hay ninguna razón objetiva suficientemente grave como para que el Ministerio proponga la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, algo que han atribuido a la "prepotencia y soberbia" del ministro, al que acusan de tratar de imponer su modelo de ciudad intentando que nadie pueda llevar a cabo su propio "fracaso".

En este sentido, han asegurado que no hay razones para la disolución y han reivindicado que se recupere el soterramiento y se denuncie el convenio de 2017, en el que se renuncia al soterramiento en favor de la integración y que aseguran se firmó contra la opinión pública.

Al margen de las diferencias que pueda haber entre el Ministerio y el Ayuntamiento, consideran que no hay razones para la disolución y sólo existe el "interés" del titular de Transportes de no llevar a cabo el soterramiento y perjudicar a la ciudadanía a base de túneles que "no integran", no son accesibles y no contribuyen a una movilidad sostenible.

SIN CUMPLIR LOS ACUERDOS

En esta línea, han recordado los numerosos incumplimientos de la Sociedad, ya que en el convenio se recoge una estación de autobuses soterrada, cuando ahora se propone que sea en superficie; tampoco se han ingresado los recursos previstos por la venta de suelo que en el convenio son de 326 millones hasta 2025 y también aparece una estación valorada en 70 millones cuando ahora se quiere hacer una de 212 millones.

Además, han censurado que el ministro ya de por sentado que se va a disolver la Sociedad y han advertido de que, si se judicializa la situación, probablemente sea un proceso muy largo, pero además sin que se puedan saber las consecuencias del mismo.

A su juicio, todo esto es "una grave irresponsabilidad" por parte del ministro y consideran que lo que deberían hacer el ministerio y el Ayuntamiento es reunirse y defender el mejor proyecto para Valladolid. Precisamente para que se pueda comprobar la situación de división y el proceso de "guetización" que se está produciendo, han invitado al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a recorrer los barrios afectados en el marco de las visitas que realiza en los barrios más deprimidos de la Comunidad.

La Plataforma ha reiterado que está abierta a dialogar y a intentar que el soterramiento sea posible siguiendo un proyecto y una programación adecuadas a las necesidades de Valladolid.

En este sentido, su propuesta pasa por iniciar el proyecto con una estación soterrada con un valor aproximado de 80 millones, tal y como figura en el convenio de 2017, en lugar de más de 200 como se proyecta, e iniciar el soterramiento desde la estación en dirección norte con una longitud de 2.500 metros por un valor como mucho de 250 millones. Posteriormente, plantean una segunda fase desde la estación hacia el sur, algo que ven asumible y beneficioso para la ciudad.

Así, reclaman que se denuncie el convenio de 2017 para eliminar propuestas que consideran perjudiciales para la ciudad y acabar con el proyecto de integración basado en la construcción de túneles que no resuelve la marginación de los 90.000 vecinos que viven al otro lado de las vías del tren, de lo que han puesto como ejemplo el túnel de Padre Claret.

ESTACIÓN SOTERRADA

Por otro lado, exigen que se paralice la construcción de la nueva estación por su elevado coste y porque acabará con el "muro" de más de cinco kilómetros que divide la ciudad y que se opte por una estación soterrada como continuación del soterramiento, que consideran mejor opción como defendían anteriores ministros como Raquel Sánchez o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Murcia.

De la misma forma, han pedido que se haga un estudio que analice la incidencia del muro sobre la vida de los ciudadanos desde el punto de vista social y urbanístico y han destacado la incidencia en términos de rentabilidad que tendría el soterramiento como indican numerosos expertos.

Además, han pedido explicaciones sobre los motivos por los que en algunos casos se financian algunos proyectos de soterramiento o de otras infraestructuras al cien por cien y en otros no y han cuestionado por qué se llevan a cabo intervenciones como la anunciada en Sevilla sobre el Guadalquivir y en Valladolid sean "miserables" con la ciudad.

De la misma forma, han pedido que se haga una valoración económica que tenga en cuenta la situación real de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En este sentido, han argumentado que Renfe y Adif ya tienen lo que querían como los talleres, sus entradas y salidas resueltas, suelo cedido por la ciudad, terrenos para hacer la mayor área logística del noroeste, además de la variante de mercancías. "Adif y Rente consiguen el 90 por ciento de lo que querían y ahora la ciudad se queda con un palmo de narices", ha asegurado Lara.

Además, han pedido de nuevo que les reciba el ministro para hablar del soterramiento y que explique por qué no tiene "voluntad política" para hacerlo, motivo que creen que es el único que impide llevar a cabo esta obra que liberaría 150.000 metros cuadrados de suelo en la ciudad. A este respecto, han criticado la negativa a recibirles por parte del ministro, pero también del secretario de Estado o del delegado del Gobierno.

En definitiva, aunque no renuncia al soterramiento, la Plataforma considera que "lo que no puede ser es que no se hable", más aún cuando el anterior equipo de Gobierno con Óscar Puente como alcalde hasta 2016 mostraba su disposición a llevar a cabo esta obra o cuando en 2019 el actual ministro abrió la posibilidad de cambiar de opinión si variaba la situación económica.