1128499.1.260.149.20261026113757
El vicepresidente, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha anunciado este lunes que la Administración autonómica ha comenzado a trabajar en la elaboración de un Decreto sobre informes de vulnerabilidad con el objetivo de dotar a los servicios sociales de modelos homogéneos y establecer criterios comunes en toda la comunidad.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su área para el ejercicio 2027, Pollán ha remarcado que la prioridad del Gobierno autonómico radica en "proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos".
Asimismo, el representante del Ejecutivo autonómico ha manifestado la intención de garantizar que las ayudas lleguen con "criterios objetivos y homogéneos" para evitar que situaciones similares reciban valoraciones distintas "en función del territorio en el que se produzcan".
El consejero ha expuesto que en la actualidad existen diversas normas de rango legal estatales que prevén la emisión de estos documentos pero sin fijar los requisitos necesarios o sin la debida coordinación.
Esta circunstancia provoca, a juicio de Pollán, que los solicitantes carezcan de información precisa y que los profesionales del sector no dispongan de un marco regulatorio que les otorgue "seguridad jurídica".
Por ello, el nuevo reglamento buscará unificar la acreditación dentro del margen de actuación de la comunidad para avanzar hacia una protección social "más homogénea, más objetiva y con mayor seguridad jurídica".
En el marco de la presentación presupuestaria, Pollán ha vinculado esta homogeneización con la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya partida para 2027 ha descendido a 5,5 millones de euros. El titular del departamento ha aclarado que este ajuste presupuestario no supone "un recorte de derechos ni una reducción de la protección", sino que responde al carácter subsidiario de la prestación autonómica respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal.
La implantación de la ayuda estatal ha reducido el volumen de perceptores de la Renta Garantizada en Castilla y León de más de 26.000 a menos de 2.800 usuarios. En este contexto, Pollán ha asegurado que toda persona que cumpla las exigencias legales "continuará percibiendo la prestación que le corresponda" y que la partida asignada simplemente se ha adaptado a la "nueva realidad".
A diferencia del subsidio del Gobierno Central, el consejero ha subrayado que la prestación castellana y leonesa vincula el cobro a un "proyecto individualizado de inserción" mediante compromisos como la búsqueda activa de empleo o la escolarización de los menores.
Para incentivar la incorporación laboral, la Consejería modificará la normativa autonómica con la finalidad de que a los usuarios de la renta les "compense" aceptar empleos a tiempo parcial o de corta duración, dado que en la actualidad los ingresos del trabajo se descuentan íntegramente de la ayuda.
Asimismo, Pollán ha anunciado la asignación de 5,2 millones de euros a programas de formación para personas en riesgo de exclusión social. Para aquellos perceptores imposibilitados para trabajar por causas de salud o discapacidad, el consejero ha abogado por ofrecer itinerarios de inclusión social, al tiempo que ha reiterado la petición al Ministerio correspondiente para que el IMV adopte un modelo que impulse activamente la inserción y la autonomía personal.
