VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La próxima memoria del Defensor de la Comunidad Universitaria (DCU) de la Universidad de Valladolid (UVA) incluirá una categoría más en las reclamaciones que tramita y diferenciará entre quejas, consultas e intervenciones para delimitar algunos matices que hasta ahora no se cumplían al sólo contemplar quejas y consultas.
Así lo anunció hoy la defensora de la Comunidad Universitaria de la UVA, Pilar Abad, durante la presentación del balance de la labor llevada a cabo por este organismo de intermediación en sus diez años de vida.
Abad hizo especial hincapié en aclarar un poco más el trabajo que desempeña el Defensor de la Comunidad Universitaria para lo que apostó por diferenciar entre los expedientes de queja, caracterizados por su burocratización; las consultas propiamente dichas, de carácter orientativo, y las intervenciones, el aspecto más amplio de actuación por parte de este organismo que responden a quejas sin expedientes burocratizados.
Dicho esto, Pilar Abad aclaró que aunque las intervenciones no responden a expedientes burocratizados tampoco se las lleva el viento ya que quedan "perfectamente documentadas" y se resuelven a través del diálogo entre las partes, la petición de información o entrevistas.
La defensora de la Comunidad Universitaria explicó que esas intervenciones sin burocratización responden precisamente a la esencia de esta institución que busca resolver los problemas sin burocratizarlos o judicializarlos. No obstante, admitió que siempre hay temas que se resisten, lo que lleva a abrir expedientes.
Según los datos aportados hoy por el Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Valladolid, en sus diez años en funcionamiento ha atendido 2.493 reclamaciones de las que 164 son quejas y el resto consultas.
Entre las primeras, las quejas, el 55 por ciento fueron presentadas por los estudiantes, frente a un 35 por ciento formuladas por los profesores y el 10 por ciento interpuestas por el personal de administración y servicios (PAS). En cuanto a las consultas, el 60 por ciento pertenecen a la población estudiantil, el 17 por ciento a los profesores y el 6 por ciento al PAS.
Los integrantes del Defensor de la Comunidad Universitaria de la UVA constataron la mejora año a año de los plazos de respuesta en el caso de las quejas, con un 55 por ciento respondidas en un mes, mientras que en el caso de las consultas el 55 por ciento se resuelve en un día y el 85 por ciento en menos de una semana.
Abad explicó que los temas más recurrentes de las quejas y consultas presentadas por los estudiantes giran en torno a los exámenes mientras que los profesores se centran en cuestiones profesionales y departamentales y los PAS, que tiene otras vías para tramitar sus reclamaciones, llevan al DCU problemas personales o laborales.
La implantación de la institución del Defensor de la Comunidad Universitaria en la Universidad de Valladolid se remonta a abril de 1992 cuando el claustro de la UVA aprobó, bajo la presidencia del rector Fernando Tejerina, la implantación de la DCU, un hecho que no se llevó a cabo efectivamente hasta siete años después, en marzo de 1999 cuando Tomás Sánchez Giralda fue elegido como primer defensor de la Comunidad Universitaria de la UVA con Jesús María Sanz Serna como rector.
En mayo de 1999 tuvo lugar la apertura de la Oficina del DCU al servicio de la Comunidad Universitaria y en abril de 2004 se eligió a la segunda defensora, Pilar Abad, que fue ratificada en su cargo en mayo de 2008 con Evaristo Abril como rector.
Abad apostó asimismo por difundir y poner en valor los diez años de vida de esta institución en la UVA, con especial atención a un acercamiento a la comunidad estudiantil, más numerosa y cambiante en el tiempo, aspecto que compartió el propio rector, Evaristo Abril.