SAN LEONARDO DE YAGÜE (SORIA), 25 (EUROPA PRESS)
La empresa Puertas Norma ha presentado este miércoles a los trabajadores las medidas del Plan de Reestructuración que deberán adoptarse con urgencia para asegurar la viabilidad del negocio, su futuro y su permanencia en San Leonardo de Yagüe (Soria) tras las pérdidas acumuladas de 25 millones de euros entre 2008 y 2010, y de otros 22 millones de euros previstos en 2011.
Las fórmulas presentadas se basan en la recuperación de las ventas, la reducción de los costes y el apoyo financiero de su principal accionista, el Grupo Jeld-Wen. Entre ellas, se incluyen la concentración en las actividades esenciales y la eliminación de aquellas que no lo son, un redimensionamiento de la plantilla acorde con el volumen de negocio, una reducción de salarios y una extensión del actual expediente de suspensión de empleo.
La dirección de Puertas Norma se compromete a desarrollar este proceso desde el máximo respeto a sus empleados y buscando, en colaboración con los representantes de los trabajadores, soluciones que permitan minimizar en lo posible los efectos de la medida, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía.
En los últimos años, los pedidos han disminuido de manera "drástica" y sólo en el primer trimestre de 2011 se ha registrado una caída del 35 por ciento de las ventas respecto al mismo periodo del año anterior.
En esta situación, y ante las "pésimas" previsiones de recuperación del sector de puertas de madera en España, la dirección de la empresa ha considerado que debe iniciar este proceso de reestructuración, que afectará tanto al ámbito comercial como al industrial.
EXPEDIENTE DE SUSPENSIÓN
La compañía presentó el 21 de junio del pasado año en el registro de la Oficina Territorial de Trabajo solicitud de autorización de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para poder llevar a cabo la suspensión de los contratos de 512 trabajadores (390 hombres y 122 mujeres), de un total de 601 que conforman la plantilla.
El ERE se solicitó por un período máximo de nueve meses por trabajador dentro de un plazo de dos años. El 6 de julio, merced a un acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos, la duración del proceso se redujo de 270 a 180 días y el 20 de julio, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta autorizó este proceso.