VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) - El servicio público de salud de Castilla y León (Sacyl) habrá de indemnizar con más de 121.000 euros a un paciente que fue desahuciado en 2007 sobre la base de pruebas médicas equivocadas y quien tuvo que acudir a la medicina privada en busca de un tratamiento que le habían negado. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, en la que estima la demanda interpuesta por la Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) al constatar que los facultativos de Sacyl desahuciaron indebidamente al paciente sobre la base de unas pruebas médicas equivocadas, lo que le obligó a recurrir a la medicina privada, en la que fue sometido, con éxito, a un trasplante procedente de un donante vivo.
