Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Laguna (Valladolid) a publicar una declaración de bienes tras años "oculta"

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento del municipio vallisoletano de Laguna de Duero a publicar la declaración de bienes de un exconcejal tras varios años con esta documentación "oculta" a la ciudadanía, pese a la obligación legal establecida por la normativa autonómica y estatal en materia de buen gobierno.

La resolución judicial, fechada el pasado 5 de junio, estima íntegramente el recurso interpuesto por la Asociación Vecinal La Calle, que había solicitado sin éxito el acceso a dicha información ante la ausencia en el Portal de Transparencia.

Primero lo hicieron ante el propio exconcejal, después ante la Alcaldía y la Secretaría municipal y posteriormente acudieron al Comisionado de Transparencia y a los tribunales, según un comunicado de la Asociación recogida por Europa Press.

La sentencia reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a conocer las declaraciones de bienes y actividades de los representantes públicos, declara que la actuación del Ayuntamiento fue contraria a Derecho y obliga a publicar de forma íntegra y actualizada la documentación solicitada.

Desde la Asociación Vecinal han subrayado que no se trata de un "mero trámite administrativo", sino de una herramienta "esencial" para prevenir conflictos de intereses, conocer la evolución patrimonial y verificar posibles incompatibilidades de cargos públicos.

En este caso, ni el Ayuntamiento ni el exconcejal afectado aportaron justificación legal para denegar el acceso, más allá de la oposición del implicado y el hecho de que ya no ocupa el cargo, algo que, según el fallo, no elimina el interés público en la transparencia.

El pronunciamiento judicial sigue el criterio establecido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y otros organismos autonómicos, que han reiterado que estas declaraciones no contienen datos sensibles y que su publicidad está amparada por la legislación vigente.

La entidad vecinal ha exigido el cumplimiento de la sentencia, la depuración de responsabilidades políticas y administrativas por los hechos ocurridos, así como la implantación urgente de un protocolo para garantizar la publicación automática de las declaraciones de bienes y actividades de los representantes municipales.