TSJCyL da la razón a Cacabelos ante la pretensión de una empresa de reclamar una indemnización de 61.524 euros

Publicado 01/04/2019 14:59:32CET

LEÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación presentado por la empresa El Foyo Cacabelos contra la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo Nº1 de León en la que se desestimaba la pretensión de la sociedad de cobrar 61.524,55 euros por daños y perjuicios por parte del Ayuntamiento de Cacabelos.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la empresa dirigió su reclamación, según la sentencia, solo contra el Ayuntamiento de Cacabelos y no contra la empresa aseguradora y hasta en dos ocasiones se afirma en la sentencia que no se ha seguido el procedimiento administrativo correcto.

En relación a este asunto, en un juicio que se desarrolló en la Audiencia Provincial de León contra el titular de la empresa, Adolfo Canedo Cascallana, por un presunto delito de Falsificación Documental, la anterior secretaria del Ayuntamiento de Cacabelos ha asegurado ante este Tribunal que en el año 2011, Adolfo Canedo Cascallana, ya siendo como regidor le solicitó un informe para que el Consistorio se allanase ante las pretensiones económicas de la empresa, para así cobrar esa cantidad a través del Ayuntamiento.

La secretaria se negó porque no había una preceptiva reclamación previa de la responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Cacabelos y porque en octubre de 2011 ya había prescrito al trascurrir un año desde que se produjo el supuesto daño. Por ello, Canedo Cascallana llevó el asunto a los tribunales, para reclamar una indemnización.

Adolfo Canedo Cascallana es administrador único de la empresa El Foyo Cacabelos S.L. desde 2004 y esta empresa pidió una indemnización por parte del Ayuntamiento de Cacabelos presentado un informe con un estudio comparativo de la evolución de las ventas de la promoción 'El Foyo', de los años 2007 a 2010 en relación con otras promociones del municipio, y la cuantificación económica de la disminución de las ventas comparativa.

El Tribunal ha considerado que "recepcionadas las obras en el año 2005, o en el año 2006 si se considera el citado plazo de tres meses, ninguna relación directa parece derivarse de la disminución de ventas de viviendas de la citada promoción durante los posteriores de 2007 a 2010" y ha insistido en que no se siguió el procedimiento administrativo correcto. La sentencia condena a costas a la empresa.

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