SEGOVIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) del sindicato UGT ha recriminado a la Junta de Castilla y León que "aproveche el copago farmacéutico para hacer caja" y ha advertido de que las devoluciones pendientes de este nuevo modelo se elevan en el conjunto de la Comunidad a 2,9 millones de euros.
El secretario regional de la UPJP, Anatolio Díez, ha explicado en una rueda de prensa ofrecida en Segovia que hasta la fecha "sólo se ha reintegrado una parte del primer trimestre" de las cantidades abonadas por los pensionistas y que se deben los dos primeros periodos a quienes pagaron una cuantía inferior a siete euros.
Así, ha aseverado que el Gobierno autonómico "está incumpliendo" la orden de devolución de los copagos publicada el 22 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), que recogía que el abono se haría con periodicidad trimestral.
"Estamos hablando de en torno a tres millones de euros, que son exclusivamente de los pensionistas y de los que la Junta está haciendo un uso y abuso indebido", ha incidido en declaraciones recogidas por Europa Press.
Díez, quien ha comparecido junto al secretario provincial de la Unión, Miguel Ángel Tabanera, ha advertido además de que el copago sanitario tendrá unos resultados similares, ya que sigue el mismo modelo de adelantar el dinero por cada servicio para luego devolverlo, y se ha mostrado en contra del mismo.
A su juicio, éste supone "un paso más para ceder cotas del modelo sanitario público, gratuito y universal" a favor de la privatización. "No se puede aplicar un sistema si no se está preparado para hacerlo", ha considerado.
El secretario regional de la UPJP ha lamentado por otra parte que en una comunidad que ocupa el primer puesto en el ranking de aplicación de la dependencia haya todavía 3.000 personas que no la cobran --290 en la provincia de Segovia-- y que no se hayan promovido medidas para reducir la lista de espera.
Durante la rueda de prensa, se ha hecho asimismo un llamamiento a los pensionistas de Castilla y León, que suman 600.000, para que respalden la campaña de reivindicación de revalorización de las pensiones impulsada por los sindicatos, con la que se pretende "recuperar 460 euros perdidos" por la no reevaluación de las cuantías en 2012 y la aplicación de la revalorización de la base correspondiente para fijar las cantidades de 2013.
En este sentido, ambos representantes han informado de que para ello los interesados deberán rellenar el documento de reclamación disponible en las sedes sindicales y entregarlo junto con la carta que recibieron del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Todas las reclamaciones serán entregadas el día 4 de febrero a las 11.00 horas en las delegaciones territoriales del INSS en la Región. A partir de ahí, y en caso de que 45 días después de presentarlas la respuesta sea el silencio administrativo, se iniciará proceso judicial, según han asegurado los dirigentes sindicales.
MENOS PODER ADQUISITIVO
"Estábamos convencidos de que el Gobierno nos volvería a engañar, a pesar de que el presidente dijera que no traspasaría la línea roja que suponía perjudicar a los pensionistas, que estaban en una situación muy difícil", se ha quejado Díez, quien ha opinado que la no revalorización de las pensiones es el "mayor ataque de la Democracia al colectivo".
El secretario autonómico ha cifrado en más del 20 por ciento la merma económica en el último año y medio de los pensionistas, que se han visto afectados por la congelación de sus retribuciones en 2011, la no revalorización de las mismas en dos ocasiones, la subida del IVA y el IBI, el céntimo sanitario o el incremento del precio del transporte público y la luz, entre otros.
En la actualidad, según los datos aportados, la pensión media en Castilla y León asciende a 815 euros --775 en Segovia--, por debajo de la media nacional. "Estamos viendo cómo con el Gobierno del PP está habiendo un cambio social muy importante. El Gobierno está poniendo precio a nuestros derechos y además éstos son sólo para aquellos que se los puedan pagar", ha agregado.
"Desde la UPJP seguiremos movilizándonos y ultimando acciones en todo el país porque el colectivo está seriamente amenazado y el estado de bienestar, perjudicado. El Gobierno, por tener mayoría absoluta, no tiene derecho a maltratar a las personas mayores y a hacernos más jóvenes cada día. Nos negamos a que nos quiten la dignidad, que es lo que nos queda", ha concluido.
