Valladolid funciona desde 2004 con un PGOU "no aprobado por nadie", según el abogado de la Federación de Vecinos

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La política urbanística desarrollada en Valladolid estaría al margen de la legalidad desde febrero de 2004, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del Plan General de Ordenación Urbana, tal y como se desprende de la denuncia pública realizada hoy por el letrado Carlos Castro, representante legal de la Federación de Asociaciones de Vecinos, quien ha desvelado que el PGOU hoy en vigor "no ha sido aprobado ni por el Ayuntamiento ni por la Junta de Castilla y León".

La sorprendente afirmación del acusador popular en el caso de supuestas irregularidades cometidas en el planeamiento urbanístico de Valladolid en 2003, objeto de investigación judicial desde hace cuatro años y por la que han testificado ya, en calidad de imputados, una veintena de personas, entre ellas el alcalde y miembros y exintegrantes de su equipo de gobierno, se ha producido al término del interrogatorio al que han sido sometidos los arquitectos Luis de la Hoz Sánchez y Juan Cayetano Ayala, así como el actual secretario municipal, Valentín Merino, y el director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero.

A tenor de lo declarado, sobre todo, por estos dos últimos, que han comparecido en calidad de imputados, el letrado de la acusación popular sostiene que el vigente PGOU, al que dio luz verde provisional el Ayuntamiento en diciembre de 2003 y que fue publicado en 2004 en el BOP, no tendría cobertura legal puesto que en ese ínterim las correcciones al texto impuestas por la Junta y que dieron lugar a un texto refundido--se incluyeron irregularmente otras modificaciones a mayores--no recibieron la aprobación definitiva ni del Consistorio ni de la Junta.

"Es lo más llamativo de todo, pues tenemos en vigor una norma que nadie ha aprobado y en la que hay unas discordancias entre lo que realmente se aprobó y finalmente se publicó", ha enfatizado Castro, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que en el Ayuntamiento el secretario municipal acordó que no hacía falta que el texto refundido pasara por el pleno y se limitó a realizar una dación de cuentas y en la Junta ni siquiera comprobaron las correcciones y "se limitaron a publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia".

El letrado, que ha ido más allá al afirmar que, en su opinión, el texto refundido del PGOU tendría que haber sido aprobado por la Junta, "pues el reglamento de urbanismo lo dice expresamente", ha anunciado su pretensión de solicitar al juez instructor del caso la práctica de nueva prueba, aunque ha declinado detallar el contenido a la espera de analizar las declaraciones de hoy y las que el próximo día 13 de octubre prestarán el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, principales imputados en la causa.

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD"

Entre las testificales de hoy ante el juez José María Crespo, el director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero, quien cuando se produjeron los hechos ocupaba la jefatura del Servicio de Urbanismo, se ha limitado a indicar, a preguntas de los periodistas tras su comparecencia, que su actuación estuvo sometida en todo momento al "principio de legalidad", y ha rechazado abundar en más detalles para evitar, según ha advertido, "incurrir en posibles contradicciones" con lo declarado en sede judicial.

Menos parco en palabras se ha mostrado el secretario general del Consistorio, que, además de insistir en que su intervención en la tramitación del PGOU ha sido "estrictamente profesional", ha explicado que si en su día decidió no someter al pleno el texto refundido del PGOU fue porque entendía que dicho texto había sido ya aprobado definitivamente.

El funcionario municipal ha reconocido la aparición posterior de "varios problemas" en el texto, de ahí la necesidad, en su opinión, de que el juez determine quién es el autor de esas modificaciones y a quién beneficiaron y si las mismas tienen trascendencia penal.

Lo que sí ha destacado Valentín Merino es que él en todo momento colaboró "con entusiasmo" tanto con el juez como con la policía judicial al dar la orden de bloqueo de los ordenadores en los que, supuestamente, "a la hora de realizar la integración, en vez de integrarse una cosa se fue más allá y se puso algo que no estaba o se cambió algún plano o una leyenda", ha concluido.