Un vecino de los ilegales supuestamente explotados en Alaejos: "El acusado les decía ¡vamos perros, a trabajar!"

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

"¡Vamos, perros, a trabajar"!, de esa guisa se dirigía, presuntamente, a su cuadrilla de temporeros irregulares el empresario agrícola de origen rumano Fabián A.T. que, pese a no llegar a comparecer en la vista, ha sido juzgado este viernes en la Audiencia de Valladolid acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que se expone a una posible condena de dos años de cárcel, tal y como ha mantenido el fiscal del caso.

La frase la ha reproducido en sala un vecino de Alaejos que vivía en una casa contigua a la ocupada por las supuestas víctimas y que ha comparecido en el juicio como testigo para ratificar lo que los 'sin papeles' le llegaron a confesar el día en el que se presentó en su vivienda para interesarse por ellos, preocupado por su situación y ante la actitud huidiza de sus convecinos.

El testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que los ocupantes de dicho inmueble, cerca de una docena, de nacionalidad argelina, servia y colombiana y hasta un español, le pusieron al corriente de las malas condiciones en las que vivían, compartiendo cada tres de ellos habitación en una casa por cuyo alquiler pagaban entre 70 u 80 euros y que les había proporcionado su contratante, al que llamaban Fabián 'el italiano'.

"Me contaron que se presentaba de madrugada en la casa con otro individuo al grito de "¡vamos, perros, a trabajar!", para acto seguido llevarles al tajo para recoger patatas, trayecto por el que cada uno de ellos pagaba además cinco euros.

DESCANSABAN CUANDO LLOVÍA

"Sólo si no llovía no iban a trabajar", ha añadido el vecino de Alaejos, quien ha declarado que los irregulares vivían "con miedo, de verdad" porque el empresario y el otro individuo les tenían amenazados para que no se fueran y les habían aleccionado para que no salieran de casa y no se dejaran ver por el vecindario. "Les dijeron que los españoles son muy racistas y podían echarles del pueblo", es también la advertencia que el testigo ha asegurado que le transmitieron las supuestas víctimas.

No fue hasta el día 11 de septiembre de 2021 cuando una patrulla de la Guardia Civil se personó en la vivienda citada, sita en la calle Pastores de Alaejos, tras recibir aquel día la llamada de otro vecino distinto que requería su presencia ante una discusión registrada entre el citado Fabián y varios de estos trabajadores que le exigían el pago del jornal prometido. Los agentes han relatado en el juicio que al llegar trataron de mediar y al final tanto el 'italiano' como su madre abonaron a los reclamantes el jornal.

Con posterioridad, otros tres afectados, de origen argelino, comparecieron en el cuartel de Castronuño para denunciar que tampoco a ellos se les había pagado el dinero convenido, de ahí las diligencias de investigación iniciadas que han culminado en el presente proceso judicial en el que únicamente ha llegado a testificar uno de los supuestos perjudicados, Hamed, quien, por videoconferencia desde Ayamonte (Huelva), ha manifestado que el acusado le reclutó como temporero tras encontrarle durmiendo en un parque Medina del Campo y que trabajó para él por espacio de unos dos meses, con jornadas a destajo en las que los participantes en la campaña de la patata se repartían entre 15 y 17 euros por saca recogida.

El trabajador argelino ha reconocido que tanto él como los otros dos denunciantes, de la misma nacionalidad, se encontraban de forma irregular en España y que ni contaban con contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Ha confirmado que, además del alquiler de una casa donde cada una de las cuatro habitaciones era compartida por tres compañeros, tenían que pagar cada uno 5 euros por el traslado hasta el tajo. También ha ratificado que su empleador, que no ha llegado a comparecer en el juicio, les sometía a un cierto control para evitar que se marcharan o se relacionaran en el pueblo.

En su informe final, el fiscal del caso ha mantenido su petición de dos años de cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores--alternativamente ha interesado un año por contratación reiterada de trabajadores irregulares--tras considerar acreditada la pauta de comportamiento del acusado, típica de este tipo de casos en los que el autor "se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las víctimas a las que se exprime al máximo posible".

La defensa, por contra, ha mantenido igualmente su solicitud de absolución pues, como así ha esgrimido, "no se han acreditado los hechos ni se ha desvirtuado la presunción de inocencia" de su cliente, ni tan siquiera, a su juicio, se ha podido probar que Fabián fuera el empleador de estos trabajadores ni siquiera su situación laboral ni la de las supuestas víctimas.