La operación comenzó a fraguarse años antes por empresarios locales y relanzada en 2008 por el investigado Rafael Delgado
VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vocales del Consejo de Administración de Gesturcal no conocieron hasta la reunión de marzo de 2011 la compra de terrenos en Portillo (Valladolid) para un polígono industrial que finalmente no se ejecutó y que supuso un desembolso de 30 millones de euros, tal y como han confirmado durante el juicio que se sigue contra doce investigados por el denominado caso de 'La Perla Negra', entre exaltos cargos de la Junta y empresarios.
Pese a que la presenta causa judicial investiga tanto el proceso de alquiler y posterior compra del Edificio de Usos Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda como la compra de parcelas en Portillo para desarrollar un área industrial, la mayor parte de la cuarta jornada del juicio en la Audiencia de Valladolid se ha circunscrito al segundo de los polémicos proyectos.
Vocales del Consejo de Administración de Gesturcal, entre ellos el que fuera director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, Francisco Javier de Andrés, José Manuel Jiménez Blázquez y Javier Rodríguez Segovia, quienes al inicio del proceso llegaron a figurar como investigados, han ratificado que no tuvieron conocimiento alguno de la compra de terrenos en Portillo hasta el Consejo de Administración celebrado en marzo de 2011 cuando, durante la sesión en la que se rendían las cuentas de 2010, se percataron de un apunte de una "importante" cuantía y pidieron las explicaciones oportunas.
Martín Tobalina, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que años antes, en marzo de 2008, en su condición de director general de Industria ya había tenido conocimiento de que un grupo de empresarios estaba tratando de impulsar terreno industrial en Portillo con motivo de un encuentro con el presidente de Grupo San Cayetano, Francisco Esgueva, en el banquillo junto a otros industriales, a fin de que dicha mercantil asumiera cerca de 40 empleados de Smurfit, a punto de deslocalizarse.
El testigo ha recordado que Esgueva le trasladó la oportunidad de industrializar la zona, en terrenos muy cerca de San Cayetano, aunque Martín Tobalina le indicó entonces que el proyecto no era de su competencia y tendría que trasladarlo a Gesturcal o en su caso al consejero de Economía, Tomás Villanueva.
El entonces director general de Industria asegura que no volvió a tener noticias de esta iniciativa hasta que a finales de ese mismo año recibió el encargo del secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, para que participara en una reunión con directivos de la entidad resultante de la fusión entre Gesturcal y ADE Parques Teconológicos y empresarios promotores de suelo industrial en Portillo, encuentro en el que también participaron el propio Francisco Esgueva y los también encausados Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal; Salvador Molina y Francisco Armero, director gerente y director financiero, respectivamente, de dicha sociedad.
Sin embargo, la compra de terrenos para el fallido polígono sería conocida por los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal en la reunión de marzo de 2011, momento en el que pidieron explicaciones que recibieron de la mano de presidenta y acusada, Begoña Hernández, en un consejo posterior en mayo que satisfizo a todos ya que se les justificó la operación en que el procedimiento había sido correcto y que los firmantes tenían plenos poderes, en alusión a Rafael Delgado.
"Se nos indicó que las negociaciones llevaban fraguandose desde hacía años y que habían sido ventajosas porque se habían evitado procesos de expropiación, que habrían encarecido y postergado la compra", ha recordado Martín Tobalina, quien, además, ha enmarcado esta iniciativa en las directrices marcadas por el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, en su intento de desarrollar suelo industrial en el que atraer empresas y generar empleo.
De hecho, el testigo ha precisado que esa política había traducido años antes, en diciembre de 2005, en el denominado 'Acuerdo Marco de Competitividad Industrial' firmado entre los agentes económicos y sociales para dotar a Castilla y León de suelo industrial, que pasó de 60 a 145 millones de metros cuadrados.
"En ningún caso se hablaba en ese acuerdo de un determinado municipio pero sí de actuar especialmemte en las provincias de Segovia, Ávila y el sur de Valladolid", ha apostillado Martín Tobalina.
"MUY BUEN PRECIO"
Por su parte, Jesús Jiménez Miguel, a quien la que fuera viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, nombró director general de la entidad resultante de la fusión entre Gesturcal y ADE Parques Tecnológicos, ha declarado también haber recibido órdenes del entonces consejero delegado de la primera sociedad, Rafael Delgado, de impulsar el desarrollo del polígono industrial de Portillo, labor en la que tuvo que negociar a la baja los precios de referencia que les trasladaron los promotores de las parcelas.
El testigo ha apuntado que el dinero finalmente pagado, 12 euros el metro cuadrado, era un "muy buen precio" y el procedimiento seguido favoreció la operación. "La idea era aprovechar empresas interpuestas para ahorrar el dinero de expropiaciones y, además, eso nos permitía competir con el polígono de San Cristóbal", ha sentenciado Jiménez.
El testigo sí ha precisado que en ese proceso Begoña Hernández llegó a presentar objeciones, sobre todo con respecto a un determinado pago que finalmente se hizo efectivo por decisión expresa del compañero de banquillo de la citada exalto cargo, Rafael Delgado, quien, a diferencia de la primera, era quien tenía plenos poderes.
El juicio no volverá a reanudarse hasta el próximo lunes. Las acusaciones sostienen que la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.
