BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Catalana de Industrias de la Carne (Fecic) ha conseguido que el Juzgado del Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona plantee ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas de la Generalitat en lo que respecta a la obtención de certificados para exportar, según ha informado en un comunicado este martes.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda plantear al TC esta cuestión de inconstitucionalidad del artículo 21.7.1 incluido en el capítulo VII Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de caza y otros establecimientos alimenticios sujetos a control oficial, del Decreto Legislativo 3/2008 de 25 de junio.

Este texto, ratificado por el Parlament, aprobaba la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Conselleria de Salud, que imponía la tributación por la expedición de certificados para las empresas exportadoras del sector cárnico.

La Fecic demanda a la Junta de Finanzas de la Conselleria de Economía y Conocimiento por considerar que la tasa es inconstitucional al no establecer ni cuándo ni cómo se prestará el servicio de control que determina la expedición de certificados de exportación.

Tampoco determina, según la Fecic, los productos sobre los que hayan de emitirse estos certificados, ni las características técnicas que deban reunir éstos, como tampoco en qué consiste la actividad de control por parte de la administración.

La Federación sostiene que la inspección sanitaria ordinaria, por la que también se cobra una tasa, es la que determina las condiciones de idoneidad, tanto si el consumo se producirá en el mercado nacional como en el comunitario.

Ha indicado que los litigios contra esta norma tributaria, que afecta básicamente a los exportadores, se remontan a 2009, y hasta la actualidad se han interpuesto más de 500 recursos tanto por vía administrativa como judicial, que la Fecic ha cifrado en 650.000 euros.

Durante este proceso, en el que la Federación ha actuado como codemandante, se han visto afectadas 34 empresas cárnicas: "Normalmente las administraciones ayudan a los exportadores, menos aquí, que les imponen tributos por exportar", ha lamentado el secretario general de la Fecic, Josep Collado.