Barcelona urge a la Generalitat desplegar de manera "más efectiva" la Renta Garantizada de Ciudadanía

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la Generalitat de Catalunya desplegar de manera "más efectiva" y con más intensidad la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), además de la aprobación definitiva del reglamento que sigue pendiente desde hace más de dos años, con el objetivo de favorecer una transformación de los servicios sociales hacia un modelo más centrado en el acompañamiento a las personas.

Así lo ha expresado la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismos, Laura Pérez, acompañada por el director de Innovación Social, Lluís Torrens, y la comisionada de Dirección Social, Sonia Fuertes, al presentar los resultados preliminares del proyecto europeo B-Mincome, dotado con 16 millones de euros, y que se ha desarrollado en 10 barrios del Eix Besós.

De las 952 familias que han tenido acceso durante dos años a la renta establecida --mediante el proyecto piloto-- unas 550 familias han cobrado las prestaciones de este último mes en que finaliza el programa, lo que demostraría, según Laura Pérez, que junto con el hecho de que no todas las han cobrado al mismo tiempo, las familias han priorizado conseguir otros ingresos por la vía de la ocupación.

Desde el consistorio lamentan que "solo el 12% de las familias están recibiendo la renta" y defienden que la renta podría permitir obtener ingresos a las personas y hogares más vulnerables, lo que permitiría más contundencia para transformar los servicios sociales hacia un modelo más centrado en el acompañamiento de las personas, ha señalado la teniente de alcalde.

Los resultados preliminares del proyecto piloto B-Mincome demuestran que tener unos ingresos mínimos garantizados aumenta el nivel de bienestar, felicidad y la participación comunitaria de las personas, además de mejorar su estado de salud y reducir su estrés.

ASESORAMIENTO

La finalización de las transferencias monetarias que estaban diseñadas en el programa contará también con un acompañamiento individual que durante los próximos meses harán los diferentes centros de Servicios Sociales y la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas.

La intención es redirigir a estas personas participantes hacia los recursos más adecuados en cada caso, así como asesorarlas en la solicitud de las prestaciones a las cuales puedan tener derecho.

De este modo, las familias tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para hacer frente a los gastos que consideren oportunos, del mismo modo que han hecho hasta el momento.

El consistorio y las entidades participantes del proyecto iniciarán ahora una evaluación detallada de todos los indicadores, un trabajo que esperan tener completado durante el segundo trimestre del 2020.