Cree que proteger la viabilidad del taxi no justifica restricciones a las VTC
BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Abogado General del Tribunal General de la Unión Europea considera que limitar el número de licencias VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) contraviene el principio de libertad de establecimiento que recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE.
En un comunicado este jueves, el abogado Maciej Szpuna sostiene que "la viabilidad económica de los servicios del taxi no puede por sí misma justificar este sistema de autorizaciones".
Recuerda que en Barcelona las licencias VTC están limitadas a una por cada 30 licencias de taxi y señala que "en la práctica, el hecho de que el número de licencias de taxi se haya mantenido estable en los últimos 35 años, ha impedido a los recién llegados al mercado de los VTC acceder a esas autorizaciones".
Este comunicado expone las conclusiones del Abogado General respecto al caso de Prestige and Limousine SL, que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el reglamento local de ordenación de VTC en el AMB.
La demandante y otras empresas de VTC que también han llevado el asunto al TSJC consideran que las limitaciones y restricciones que impone el reglamento local pretenden "obstaculizar su actividad y proteger los intereses del sector del taxi".
El Abogado General recuerda que el TSJC mostró sus dudas sobre si limitar la cantidad de licencias y el régimen de autorizaciones que se aplica es compatible con el derecho europeo porque podría ser una forma de minimizar la competencia de estos vehículos respecto al taxi, ha dicho.
CUESTIONA EL SERVICIO PÚBLICO
En este procedimiento, el TJUE debe dirimir si el reglamento barcelonés vulnera o no la libertad de establecimiento que exige el derecho europeo, es decir.
Szpunar considera que la normativa barcelonesa contraviene la legislación europea y ve "cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés económico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligación de servicio público", y no aprecia ningún argumento para validar la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.
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