BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha centrado un debate municipalista este martes en la participación de los entes locales en el ámbito de las medidas penales alternativas, como "actor relevante" a la hora de coordinarse y colaborar con la Conselleria de Justicia de la Generalitat en la ejecución de estas, ha informado la ACM en un comunicado.
Estas medidas son paralelas al ingreso a prisión que permiten aplicarse en penas inferiores a los dos años por delitos menores o penas de hasta cinco años en caso de toxicomanías, y el presidente de la ACM y alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, ha destacado que son "un modelo de éxito" en un sistema de justicia que busca la reparación y la integración social con beneficios colectivos.
Soler ha recordado que en 2014 las entidades municipalistas firmaron un convenio con la Conselleria para concretar y fomentar programas en los municipios relacionados con la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad.
Ha insistido en impulsar el modelo "ofreciendo apoyo a los ayuntamientos, contribuyendo a dar más visibilidad a los beneficios de las Medidas Penales Alternativas y profundizar en la colaboración con el Departamento de Justicia".
La tasa de reincidencia de las personas que cumplen una pena de prisión es del 30%, mientras que con una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, la tasa baja al 10,7%, en cifras del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria, Sergi Blázquez, que ha subrayado la necesidad de "colaboración de los municipios".
Por su parte, la secretaria general de la ACM, Joana Ortega, ha considerado que "hay que potenciar las medidas penales alternativas porque son una manera efectiva de garantizar la reinserción y evitar la reincidencia".
Según el comunicado, en Catalunya se ejecutaron en 2021 14.793 medidas penales alternativas en tres modalidades: una de ellas, la suspensión de condena a través de la "obligación impuesta" por el juez a someterse a tratamientos de deshabituación de drogas, o de salud mental, o cursos formativos distintos según el delito cometido.
TRABAJOS COMUNITARIOS
Otra fórmula es la de medidas de seguridad para personas "con plenitud de facultades" en el momento de cometer el delito, a quienes se impone una medida de internamiento en un centro psiquiátrico o de deshabituación, y la tercera, trabajos en beneficio de la comunidad, de utilidad pública e interés social sin remuneración, como la limpieza de bosques o el apoyo a brigadas municipales.
Durante el debate, la directora general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Susagna Roura, ha dicho que buscan a más entidades y ayuntamientos que necesiten voluntarios para reducir la lista de espera, y ha destacado que hay 1.500 personas en la cárcel que cumplen los requisitos para las medidas penales alternativas.
