BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, aseguró hoy que se aplicará la "máxima dureza que permita la ley" contra el teniente condenado por el Tribunal Supremo (TS) por abusos sexuales a reclutas. El militar había sido destinado de manera forzosa a la Academia de Suboficiales de Talarn (Lleida) después de estar suspendido seis meses por las denuncias de 28 mujeres reclutas.
Según explicó hoy Alonso, el Ministerio todavía no ha recibido de forma oficial la sentencia, hecha pública el pasado viernes, pero afirmó que cuando la obtengan se aplicará todo el rigor de la legislación para penalizar al teniente condenado. Para él y el Gobierno español, este tipo de abusos son "inadmisibles", por lo que habrá "tolerancia cero" en estos casos.
El Ministerio aseguró el mismo viernes que expulsará "inmediatamente" al teniente, según informó a Europa Press un portavoz del Departamento que dirige José Antonio Alonso. El portavoz señaló que el citado oficial estaba destinado desde el año 2003 en el Regimiento de Caballería Numancia IX en comisión de servicio en el Centro de Formación de Tropa de Calayatud. En 2004, se le abrió un proceso judicial por un delito de abuso de autoridad y el Ministerio de Defensa decidió suspenderle cautelarmente durante seis meses, desde el 22 de junio hasta el 22 de diciembre de ese mismo año.
Sus víctimas, todas mujeres, eran aspirantes que pretendían entrar en el ejército a través de unas pruebas de formación en la academia logística de Zaragoza.
Así, el teniente fue condenado por el Tribunal Militar Número 3 de Barcelona y decidió recurrir la decisión del juzgado castrense por lo que se mantuvo en su destino y en enero de este año fue ascendido al empleo de capitán. En la actualidad tiene destino en la Agrupación de Sanidad de Pozuelo (Madrid).
El Tribunal Supremo ha condenado al teniente a 16 años y siete meses de prisión por abusar sexualmente de 28 reclutas. Con su sentencia, el alto tribunal desestima el recurso presentado por la defensa del teniente contra el fallo que el Tribunal Militar Territorial Tercero dictó el 28 de noviembre de 2006.
Alonso hizo estas declaraciones hoy en Barcelona, donde firmó un protocolo con la Generalitat y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para trasladar un cuartel militar.
