La ANC pide 12 años de cárcel para los policías que dejaron sin ojo al activista Roger Español

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), como acusación popular, ha solicitado 12 años de prisión para los 4 agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la actuación que causó la pérdida de un ojo al activista Roger Español el 1 de octubre de 2017, según ha informado en un comunicado este martes.

En el escrito de acusación, que ha avanzado 'El Nacional' y al que ha tenido acceso Europa Press, la ANC considera responsable civil subsidiario al Ministerio del Interior y aprueba la cantidad que reclama Español por las lesiones y secuelas sufridas, tanto físicas como psicológicas.

En concreto, el activista reclama 320.632 euros a los policías y al Gobierno español por las lesiones sufridas.

ACTUACIÓN EL 1-O

Según la acusación popular, el 1 de octubre un grupo de personas se sentaron en la calle Sardenya de Barcelona como forma de protesta pacífica tanto por la decisión de las autoridades judiciales de impedir el referéndum de autodeterminación como por la forma en la que los policías estaban ejecutando "violentamente" la orden en los colegios electorales.

Sostiene que usaron las defensas reglamentarias para dispersarlos y que el jefe del grupo ordenó que se dispararan balas de caucho, una orden que fue compartida y aceptada por los 4 acusados "conscientes de la alta probabilidad de que causasen lesiones de gravedad atendiendo la proximidad de los manifestantes".

En total, se dispararon 17 balas para desalojar la calle; fue en este contexto cuando, según la acusación, el escopetero empujó a Español y, al pedirle explicaciones, "disparó contra él en dos ocasiones con las escopeta de balas de caucho", aunque sin impactarle.

La acusación sostiene que fue la tercera bala la que le alcanzó en la parte derecha de la cara, provocándole la pérdida de un ojo.

INTÉRPRETES

La ANC ha solicitado que en el juicio oral a los cuatro agentes haya presencia de intérpretes de catalán y castellano.

Defienden que, de esta forma, las partes podrán "declarar o manifestarse en la lengua oficial que decidan" y que este derecho tiene como objetivo garantizar un juicio justo y equitativo.

También reclama la identificación de los agentes para vincularlos directamente a las acciones denunciadas y poder asignarles responsabilidades penales concretas, y la aportación de antecedentes penales para determinar las circunstancias que puedan influir en la pena.