Artadi critica las citaciones de la jueza del 1-O de Barcelona "en medio de la campaña"

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EUROPA PRESS
Publicado 10/05/2019 17:40:40CET

   BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   La número dos de JxCat por Barcelona, Elsa Artadi, ha criticado este viernes las citaciones "en medio de la campaña electoral" del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona a 15 investigados por los preparativos del 1-O para comunicarles su procesamiento.

   En una atención a los periodistas en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, ha mostrado su apoyo a los trabajadores y altos cargos de la Generalitat citados "en esta nueva ola de represión", y ha recordado que también estuvieron citados otros 15 investigados el 26 de abril, durante la campaña electoral de las elecciones generales.

   Ha asegurado que se trata de "la misma represión" que, a su parecer, sufren de la Junta Electoral Central (JEC), y ha lamentado que la mañana de este viernes tenían previsto un acto con el alcaldable de JxCat en Barcelona, Joaquim Forn, pero que la JEC lo denegó la noche del jueves.

   "Lo que quieren es seguir interfiriendo en la democracia", ha manifestado Artadi, que ha lamentado que los procesos judiciales que califica de represión siguen, gobierne el PP o el PSOE, según ha dicho.

   A la Ciutat de la Justícia han acudido otros dirigentes de JxCat: primero el portavoz adjunto del partido en el Parlament, Eduard Pujol, y la exconsellera de Cultura y número dos de la formación en las elecciones generales, Laura Borràs, entre otros; mientras que más tarde ha asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

PROCESO POR EL 1-O

   La tarde de este viernes han tenido que comparecer a partir de las 16 horas un total de 15 procesados en la causa de Instrucción 13 por el 1-O: entre ellos están la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot.

   La treintena de procesados son en su mayoría excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont y algunos siguen en la Generalitat, y se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y/o prevaricación.

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