Aboga por que sean entidades sin ánimo de lucro las que gestionen servicios sociales
BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares (Capsif) del Govern ha elaborado dos informes sobre servicios sociales y política de vivienda con numerosas propuestas, entre las que destaca la reclamación de hacer "soportable y razonable el coste de la vivienda para las personas" vulnerables.
En un comunicado este lunes, el Capsif ha concretado que el primero de los informes se refiere al modelo de servicios sociales básicos, en el que valora muy positivamente que el Govern haya iniciado el proceso de elaborar un sistema propio: "Los cambios experimentados en los últimos años exigen la revisión de todos los elementos del modelo actual".
Esta revisión debe procurar que los servicios sociales de asistencia primaria "garanticen un modelo descentralizado y de proximidad", con la flexibilidad necesaria y respetando las competencias de los entes locales.
El Capsif también apuesta por establecer fórmulas de coordinación entre los servicios básicos de atención social y otros ámbitos sensibles, como el empleo, la vivienda y la salud, con el objetivo de establecer "programas trasversales".
Además, ha pedido al Govern que valore la aportación de las entidades sociales y de los voluntarios, "ya que su participación contribuye a identificar y definir las necesidades y la gestión de determinados servicios".
También ha pedido que se revise la actual cartera de servicios para que sea más ágil y flexible, y para reformular el actual sistema de prestaciones para "ajustarlas a la nueva situación y a las necesidades emergentes".
El segundo informe se centra en la vivienda: "Una de las consecuencias más alarmantes de la crisis ha sido el progresivo incremento del número de familias que no pueden hacer frente a los pagos de su hogar".
Por ello, ha pedido que se amplíe el parque de viviendas de alquiler social --"sería deseable y de justicia que se dediquen a alquiler social prácticamente todos los pisos vacíos de entidades financieras y del Sareb"--, así como que se activen todos los dispositivos inmediatos y a medio plazo para luchar contra la pobreza energética.
Concretamente ha propuesto: prohibir los cortes de suministros en los hogares con condiciones económicas graves y altamente vulnerables, --"aplazando, o no, los cobros no percibidos"--, ayudar a estos hogares en el pago de suministros con ayudas directas, reducciones y bonificaciones, modificar sus hábitos para ayudarlos a ser más eficientes y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
