Toma medidas para excluir los gimnasios privados de concursos de espacios de mercados municipales
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes modificar puntualmente el Plan Especial Urbanístico de ordenación del subsuelo del Mercat de Sant Antoni para permitir la apertura del gimnasio que ganó el concurso para ocupar el espacio no alimentario del equipamiento, reabierto en su ubicación original en junio.
El Gobierno de BComú junto a Cs, la CUP y los dos concejales no adscritos han votado a favor, mientras que el PDeCAT, ERC y el PSC se han abstenido y el PP ha votado en contra de este cambio necesario para abrir este gimnasio privado porque la adjudicación no excluyó esta posibilidad aunque en el barrio no pueden abrirse más equipamientos de este tipo.
El concejal de Comercio, Agustí Colom, ha destacado que el Instituto Municipal de Mercados aprobará en su próxima sesión que sea posible excluir los gimnasios privados de las adjudicaciones de espacios no alimentarios de estos equipamientos, y ha resaltado que han impulsado medidas para minimizar el impacto de los equipamientos deportivos públicos del entorno.
Desde el PDeCAT, Raimond Blasi ha preguntado al Gobierno de Ada Colau qué actitud hubieran tenido si esto hubiera ocurrido en el anterior mandato, tras lo que Paco Sierra (Cs) ha aseverado que, con este cambio, subsanan "un error, falta de previsión y una chapuza" del ejecutivo municipal para evitar que el Ayuntamiento deba indemnizar al adjudicatario.
La republicana Montserrat Benedí ha criticado la gestión de este asunto por parte del Gobierno municipal pero se ha abstenido por responsabilidad, mientras que la socialista Montserrat Ballarín ha avisado de que el nuevo gimnasio competirá con uno público ubicado a menos de 200 metros, y Javier Mulleras (PP) ha votado en contra porque se trata de una "chapuza".
La concejal de la CUP Eulàlia Reguant ha pedido abrir también el espacio vecinal previsto en el subsuelo del mercado y ha dicho que los paradistas de encantes están teniendo dificultades, tras lo que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha dicho que el Ayuntamiento "no lo ha hecho bien, pero hay espíritu de corrección", y Joan Josep Puigcorbé ha celebrado que se quiera solucionar lo que ha descrito como un descuido o un error.
MOVILIDAD, URBANISMO Y SEGURIDAD
El pleno ha aprobado --con el apoyo de todos excepto la CUP-- una iniciativa del PSC para crear una comisión con todos los grupos municipales para impulsar un pacto institucional, político y ciudadano para el distrito de innovación del 22@, recogiendo las aportaciones de los debates producidos en la comisión municipal no permanente sobre vivienda.
Por unanimidad, también ha aprobado una propuesta del PDeCAT para crear un grupo de trabajo con los vecinos afectados por la nueva red ortogonal de bus que incluya las plataformas e iniciativas vecinales creadas para estudiar las medidas correctoras adecuadas en las líneas afectadas, atendiendo a las necesidades de los vecinos.
A propuesta del PP, ha prosperado instar al Gobierno municipa y al de la Generalitat a firmar un nuevo convenio marco de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública y policía en la ciudad y promover un incremento de efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, algo que han apoyado Cs y PP, mientras que la CUP ha votado en contra y el resto se ha abstenido.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Todos los grupos han apoyado una propuesta de Cs para que el Gobierno municipal, en coordinación con el Estado y la Generalitat, destine recursos en el marco de sus competencias a la dotación de acompañamiento y formación para apoyar a "menores que sobreviven en condiciones precarias en las calles de Barcelona", y facilite la ampliación de espacios residenciales.
La CUP ha pedido un informe sobre las derivaciones de mujeres desde servicios sociales a la Fundació Pro Vida, algo que se ha aprobado, aunque la concejal de Feminisnos, Laura Pérez, ha explicado que se hicieron derivaciones por un convenio que estuvo activo de 2012 a 2016, momento en el que no se renovó, y ha destacado que el Gobierno de Colau no comparte el trabajo de la función, porque "vulnera sistemáticamente el derecho de las mujeres a decidir" sobre el embarazo.
Ha prosperado a petición de ERC y también por unanimidad que el Gobierno municipal se reúna con trabajadores del servicio de teleasistencia para resolver la actual situación de "precariedad laboral" para mejorar sus condiciones y evitar que la situación afecte a usuarios del servicio.
