Catalunya tiene 4.700 ocupaciones irregulares en primera línea de mar

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tiene 4.700 ocupaciones irregulares en primera línea de mar, situadas en el denominado dominio público marítimo terrestre, cuya legalidad deberá revisarse caso por caso, a tenor de la ley de costas aprobada por el Gobierno, según han explicado este viernes en Barcelona los responsables de la demarcación de costas de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Entre ellas, 2.000 son viviendas, con una afectación de unas 8.000 personas --la mayoría en la provincia de Girona--, y el resto corresponden a embarcaderos, chiringuitos de plaza y terrazas o piscinas de residencias que se sitúan en la franja costera más cercana al mar, todas ellas ocupaciones "que no han podido adaptarse a la ley de 1988", ha resumido el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, y que ahora tendrán otra oportunidad para hacerlo.

Estas 4.700 ocupaciones deberán derruirse en caso de que exista una sentencia firme, aunque los trámites judiciales de la mayoría de ellas siguen su curso y, de hecho, la ley no contempla "ningún plazo" para resolver los expedientes.

El dominio público catalán incluye además otras 430 construcciones que sí gozan de una concesión por parte del Gobierno y que, con la nueva ley, ven aumentar su validez hasta los 75 años, lo que repercute en que las 206 concesiones que expiraban en 2018 lo harán a partir de la aprobación de la ley de costas en el año 2063.

Este será uno de los efectos más visibles de la nueva legislación en el caso de Catalunya, junto con la exclusión de dicho dominio público de dos municipios gerundenses, Empuriabrava y Platja d'Aro, cuyas viviendas quedan legalizadas y por tanto podrán comprarse y venderse.

La nueva ley, adicionalmente, también modifica la anchura de la servidumbre de protección, que se reduce de 100 a 20 metros en las zonas urbanas que ya existían, otra eventualidad que en Catalunya afecta a unas 20.000 viviendas con una estimación de ocupantes de 80.000 personas, ha resumido Ablanedo.

La zona de servidumbre, no obstante, queda excluida de nuevas construcciones, y en todo caso estas 20.000 viviendas sí podrán realizar obras de rehabilitación que no supongan un aumento de su volumetría, ha subrayado Ablanedo.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en el "triple objetivo" que persigue la reforma, y que pasa por asegurar la conservación medioambiental, dotar de seguridad jurídica a la regulación del litoral y compatibilizar la protección con la realización de actividades económicas, ha resumido.

Ablanedo, que ha excusado la presencia de la delegada Llanos de Luna por estar reunida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de visita en la capital catalana, ha comparecido junto al jefe de la demarcación de costas en Tarragona, Julio Bondia; el de Girona, Jordi Planella, y la de Barcelona, María de Riansares.