CCC instará a la Fiscalía a actuar si Rigau incumple la última resolución del TSJC

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha anunciado este lunes que instará a la Fiscalía de Catalunya a actuar si la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, incumple los últimos diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre medidas cautelares que fallaron que el castellano debía introducirse también como lengua vehicular en la clase del alumno recurrente.

Lo ha manifestado el presidente de la asociación, Francisco Caja, junto al abogado de CCC, Ángel Escolano, y varias familias, después de que la consellera afirmara que no ejecutaría estos autos porque los han recurrido al Tribunal Supremo (TS) y que confiaba en que le darían la razón.

"Ejerceremos el celo de la Fiscalía y el Ministerio Fiscal para que emprenda acciones porque sí tiene legitimación y la obligación constitucional de defender el principio de legalidad e impedir que siga vigente la inmersión" que, según Caja, vulnera el derecho a la educación.

Así, se ha preguntado: "¿Dónde está el fiscal jefe de Catalunya, dónde está el fiscal general del Estado, donde está el Gobierno, el ministro de educación?", al afirmar que CCC está asumiendo la defensa de la legalidad que corresponde a estas instancias.

CCC esperará a que el juzgado solicite a Enseñanza la ejecución de la interlocutoria, lo que puede tardar, según han calculado, un máximo de dos meses, ya que impugnar un auto no evita su cumplimiento, según el letrado de la entidad.

Si finalmente, el TSJC no actúa, le requerirán de nuevo que contacte con los directores de los centros afectados y que informe a la Fiscalía, además de poder llegar a interponer una querella contra la consellera, si no se adoptan las medidas necesarias para asegurar el bilingüismo en las diez escuelas de los niños recurrentes.

Escolano ha tildado la actitud de Rigau de ilícita y "tipificada como delito en el Código Penal"; concretamente, ha dicho que incumplir estos autos puede suponer un delito de desacato que puede comportar multas, y no responder a los padres que lo pidan a la administración puede ser un delito de prevaricación.

Según CCC, un total de 1.031 padres ya han solicitado a la Conselleria la atención también en castellano dentro del aula, cuyas peticiones Enseñanza "ha denegado mandándoles a los tribunales", y por la vía judicial ya son 19 las familias que lo han solicitado.

Caja ha calificado de "grave atentado al estado de derecho" el incumplimiento de una resolución judicial, y ha negado que un eventual querella contra la consellera sea una amenaza, sino un ejercicio previsto por las leyes.

"TERGIVERSACIÓN"

La entidad también ha manifestado que la Conselleria "ha tergiversado los autos del TSJC", puesto que las resoluciones no dictan que se haga la clase exclusivamente en castellano si un niño lo pide, sino que obliga a introducir el bilingüismo.

"No existe ninguna ley para recibir enseñanza en sólo una lengua", ha agregado Caja, quien ha propuesto que en las hojas de matriculación de las escuelas se pregunte sobre qué lengua prefieren las familias para la escolarización de sus hijos.