BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, acusó hoy directamente "al gabinete de prensa de la Presidencia de la Generalitat dirigido por Antoni Bolaño" de haber "difundido falsedades, sabiendo que son falsedades", al "vender" a los medios la noticia de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1996 permitía a la Generalitat reclamar el traspaso de la red de Cercanías de Renfe ya en época de CiU.
Puig presentó un informe del Institut d'Estudis Autonòmics (IEA) de la Generalitat redactado en 2006 para enumerar los avances que supone el nuevo Estatut respecto al de 1979, en el que su director, Carles Viver Pi-Sunyer, quien fuera miembro del TC en 1996, destaca como "competencia nueva, que antes correspondía exclusivamente al Estado" la del "transporte terrestre de viajeros y mercancías que transcurren íntegramente por Catalunya, incluido el transporte de Cercanías y Regionales de Renfe".
El informe del IEA argumenta, y a ello se acogió CiU, que el nuevo Estatut "elimina la reserva de gestión a favor del Estado" que contenía el Estatut de 1979, tal como reconoció la sentencia del TC. El texto estatutario en vigor en 1996 señalaba como competencia exclusiva de la Generalitat la "ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque circulen por encima de las estructuras de titularidad estatal a que se refiere el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado".
Esta última mención a la "excepción" de que el Estado se reserve la ejecución directa de la competencia es lo que, según el informe del IEA de la Generalitat, dejaba la decisión del traspaso de Cercanías a la voluntad política del Gobierno estatal. "La sentencia de 1996 no cambió nada ni abrió ninguna puerta a la Generalitat para reclamar el traspaso", sino que sólo ratificó este texto del Estatut de 1979, sino que "sólo venía a avalar las tesis de despliegue legislativo que defendía el Gobierno de CiU en contra del Gobierno del señor Bolaño", ironizó Puig.
"CIU LO PUSO SIEMPRE SOBRE LA MESA".
Puig aseguró que los Gobiernos de CiU "negociaron y pusieron sobre la mesa en todo momento" este traspaso y se toparon con la negativa de los sucesivos gobiernos del PSOE, y preguntaron a su vez, "por qué, ahora que ya no existe esta reserva, el Estado sigue manteniéndola y hasta esta misma semana le dijeron a la cara al conseller de interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, que se la reservaban", al no haber conseguido acordar el inicio de este traspaso.
El portavoz de CiU señaló que si su partido "hubiera sido decisivo" en las negociaciones con el Gobierno central "no hubiéramos necesitado cambiar el Estatut", al reconocer que la reserva que el Estatut otorgaba al Estado dejaba la cuestión en manos de una negociación política. Por ello, señaló que "hasta que en 1993 el PSOE no perdió su mayoría absoluta" no empezaron a producirse traspasos como el de los Mossos d'Esquadra o el del IRPF, pero "no se pusieron todas las cosas en el saco porque se hubiera roto".
"En estos momentos no hace falta esta negociación porque el Estatut lo recoge, y si es sólo una voluntad política del PSOE, el señor José Montilla podría reclamarlo en las reuniones ejecutivas de la federación del PSOE, de la que forma parte, sin hacer perder el tiempo a sus consellers", apuntó Puig.
"GABINETE DE PROPAGANDA Y DESINFORMACIÓN".
Puig insistió en acusar directamente al gabinete de Comunicación de Presidencia, al que denominó "gabinete de propaganda y desinformación", de haber difundido "las falsedades" sobre esta sentencia, "no por ignorancia o por una interpretación errónea" del fallo judicial, sino conscientemente "como cortina de humo para tapar la estafa política de la negociación" de este traspaso en el seno de la Comisión Bilateral estatutaria de esta semana.
El portavoz de CiU se mostró incluso convencido de que "el gabinete de prensa de la conselleria de Política Territorial y Obras Públicas no ha difundido esta noticia porque es consciente de que es falsa", y la atribuyó a una "estrategia perversa y malévola del gabinete de Presidencia" que ha "querido manipular" a los medios de comunicación.
