BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colectivo Ronda ha instado a Justicia a perseguir las empresas que liquidan su patrimonio de forma fraudulenta y crean nuevas empresas que despiden los trabajadores sin pagar la indemnización correspondiente, según ha informado a Europa Press.
Los abogados de Colectivo Ronda, Jordi Vidal y Josep Pérez, han destacado el caso de Pricoinsa, empresa de componentes informáticos que vendió todas sus acciones al grupo Gutsen & Vérgelsa por un euro en diciembre de 2009.
Pérez ha asegurado que Gutsen & Vérgesla se ha apropiado de los activos de Pricoinsa de forma ilícita y asumiendo todas las responsabilidades laborales, civiles, penales y tributarias, tal y como figura en la publicidad de la compañía.
Durante los meses de enero a abril de 2010 el grupo no efectuó prácticamente ninguna compra de material, pero sí continuó vendiendo productos cobrando a los clientes por adelantado con el compromiso de llevarles el género a domicilio sin que el reparto llegara a producirse nunca por la inexistencia de los componentes.
La compañía despidió en marzo de 2010 a 50 trabajadores de Pricoinsa asumiendo su improcedencia y sin otorgar indemnización alguna ni el pago de los salarios atrasados.
El juzgado social número 12 de Barcelona dictó una sentencia el pasado mes de septiembre por la que se condenaba a Gutsen & Vérgesla a pagar indemnizaciones --oscilan entre los 3.900 euros y los 26.700 euros en función del trabajador-- así como el salario correspondiente al mes de preaviso de la comunicación del despido, que no se produjo.
Sin embargo, Vidal habla de "impunidad legal total" para este grupo y otras empresas que realizan las mismas prácticas, y ha asegurado que la condena no es suficiente: "Al final será el Fondo de Garantía Salarial quien asuma el coste de las indemnizaciones porque este tipo de empresas son especialistas en la insolvencia", ha destacado.
Vidal ha criticado que la actuación de estas compañías "que se aprovechan del sistema" acabe repercutiendo en la deuda pública en tiempos de crisis, y que la reforma laboral aprobada por el Gobierno no dote recursos para estos casos.
