BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Periodistas de Catalunya (CPC) decidió hoy convocar elecciones a decano y a juntas de demarcación, después de que ocho de los vocales de la junta hiciesen públicas ayer sus acusaciones de irregularidades económicas a través de una carta a los colegiados, acusaciones que el CPC consideró hoy "infundadas".
En un comunicado, el decano del CPC, Josep Carles Rius, los vicedecanos y la mayoría de la junta de gobierno --los vocales que acusaron son ocho de un total de 19-- hicieron un llamamiento a la responsabilidad para evitar la situación que ya vivió la institución en 2006.
En una carta enviada a los colegiados, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ocho vocales explican que se han visto obligados a sacar a la luz esta cuestión después de no recibir respuesta en el seno de la junta. Los firmantes son Pilar Antillach, Irene Caparrós, Bernat Capell, Oriol Cortacans, Salvador Cot, Anna Grimau, Enric Sierra y Joan Vila.
El CPC criticó la "reiterada labor de oposición" de Antillach, por lo que en la reunión ordinaria de la junta, celebrada hoy, decidió convocar elecciones tanto a decano como a juntas de demarcación. Las candidaturas se podrán presentar hasta el 1 de febrero y las votaciones se realizarán el 12 de marzo.
El decano de la entidad, Josep Carles Rius, y la junta de gobierno han puesto a disposición de los colegiados sus auditorías y toda la información económica que necesiten, y recordó que el CPC "tiene sus cuentas auditadas y en regla".
Además, Rius se ha dirigido a la Conselleria de Justicia, en concreto a la dirección general de derecho y entidades jurídicas, para ponerse a su disposición, aclarar o ampliar cualquier aspecto.
El CPC explicó que hace un año se creó una comisión económica independiente para hacer un diagnóstico que avaló la gestión e hizo recomendaciones que la Junta está implementando para reforzar la entidad, señaló el CPC en el comunicado. "La viabilidad económica del Colegio está plenamente garantizada y es una grave irresponsabilidad ponerla en duda", añadió.
Señaló que la "estrategia" de un sector de vocales ya se vivió en 2006 y llevó a una crisis institucional y una tensión "sin precedentes", desde cuando el CPC recuperó su papel de defensa del periodismo.
En su documento, los ocho vocales aseguran que es imposible obtener un conocimiento directo y fidedigno del estado económico, financiero y patrimonial del Colegio, así como acceder a información económica relevante. Critican que tanto la junta como el gerente "se han opuesto siempre", por lo que ven menospreciada su condición de miembros electos de la junta, y vulnerado el derecho de información.
Explican que los auditores también tienen acceso limitado a determinada información económica, especialmente en alusión a los 13 quioscos que explota el CPC, y lo manifiestan año tras año constatando que no pueden expresar su opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio. A su juicio, las auditorías revelan el "elevado endeudamiento" del CPC y aseguran que a efectos prácticos "se puede considerar que las cuentas del CPC no están auditadas".
