BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (Muce) ha anunciado este jueves que ha pedido volver a reunirse con la Comisión de Educación del Parlament para exigirle el cumplimiento de su resolución en la que se compromete a legislar para proteger el alumnado de Catalunya de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
En un comunicado, ha reprochado que la Lomce se aplica en Primaria desde septiembre y que ahora se añaden "otros aspectos tanto curriculares, como organizativos y de gestión" que tienen poco que ver con el modelo de escuela catalana.
El Muce ha manifestado su oposición al currículum publicado mediante real decreto estatal, especialmente en la implantación de la FP Básica (FPB).
Según el Muce, la Lomce está ya en plena aplicación en Catalunya en aspectos como "la confesionalidad de la enseñanza o la gestión y gobierno de los centros, que queda en manos exclusivas de la administración", por lo que ha pedido la participación de la comunidad educativa.
Ha asegurado que, tal y como está actualmente la normativa, la administración tiene capacidad de seleccionar las direcciones y éstas de tomar cualquier decisión sin el control del Consell Escolar u otro órgano colegiado de la comunidad educativa.
El Muce ha sostenido que en el uso del catalán se ha salido "escaldado" por que la propuesta del departamento ante las familias que planteaba problemas por el uso del catalán ha sido, a su juicio, implantar un TIL encubierto trasladando el problema a los centros y el resto de familias.
Ha considerado que con la aplicación de esta ley la Conselleria "traiciona" la opinión mayoritaria del Parlament contra la implantación de la Lomce y se descalifica ante la comunidad educativa.
UNIVERSIDAD
Por otro lado, el Muce ha pedido la "congelación" del decreto 3+2 --grados de tres años y másters de dos-- y la paralización de la Estrategia Universitaria 2015 porque, según la comunidad educativa, supone una reforma vertical y que no tiene en cuenta al sector universitario ni la realidad económica.
Según el Muce, esta reforma es "un ataque" a la universidad pública y las clases populares que fomenta la segregación del alumnado, la precarización del personal docente y la mercantilización de la educación superior.
El Muce ha dado su pleno apoyo a las movilizaciones de las últimas semanas y a la huelga del 26 de febrero, y ha emplazado a la Generalitat a abrir un proceso participativo donde la comunidad educativa tome voz en la construcción de un modelo de universidad pública basado en un fuerte sistema de becas.
La comunidad educativa ha reprochado que la Generalitat "se ha desentendido" de la financiación y creación de plazas de guardería, y se ha inhibido en la planificación escolar y la creación de plazas escolares públicas.
El Muce ha criticado el "trato desigual" de la Conselleria de Enseñanza con la red pública frente a la privada concertada, y ha exigido a la Generalitat que lidere una ofensiva contra la pobreza infantil y la exclusión social.
Para el Muce, la medida de exigir un certificado médico para la matrícula en determinados centros puede poner en evidencia que la pobreza influye en la salud y la educación, pero "no es una medida que permita reparar el daño y menos prevenirlo".