Crecen las denuncias a Antifrau tras permitirse las anónimas pero no hay más falsas

Antifrau destaca que crecen las denuncias al permitir el anonimato sin que haya más falsas
EUROPA PRESS
Publicado 29/05/2019 16:24:37CET

   Una asesora de los Verdes europeos destaca que la directiva sobre alertadores permitirá denunciar "sin miedo"

   BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Miguel Ángel Gimeno, ha destacado este martes que las denuncias han aumentado desde la puesta en marcha del buzón de denuncias anónimas en diciembre de 2017, que a finales de año se habrán duplicado (de una media de 150 a más de 300, según sus cálculos), y que se ha constatado que no hay más denuncias falsas que antes.

   Así lo ha indicado al intervenir en una jornada para difundir la Directiva europea de protección de alertadores, organizada por Antifrau y la Escuela de Administración Pública de Catalunya, en la que ha participado la asesora del Grupo parlamentario Los Verdes-ALE Pam Bartlett para exponer la nueva directiva europea de protección a los alertadores.

   La Oficina recibía de media unas 150 denuncias al año para denunciar irregularidades y malas prácticas en el sector público, y en 2018, tras implementar el buzón de denuncias anónimas y permitir denunciar ocultando la identidad, se elevaron a 218, y según las proyecciones de Gimeno, prevén terminar el año con más de 300.

   Gimeno ha resaltado que, sin embargo, el porcentaje de denuncias que la Oficina rechaza tras hacer un análisis de verosimilitud es "exactamente" el mismo que antes, por lo que considera que la posibilidad de denunciar de forma anónima es una vía importante.

   El director de la Oficina ha hecho hincapié en que no es necesario que el alertador de corrupción sea "un santo" y que hay que tener en cuenta que puede tener intereses personales al denunciar, ya que a su juicio, lo único importante son los hechos y que estos sean verídicos y que tengan interés público.

DIRECTIVA EUROPEA

   Pam Bartlett, asesora de Los Verdes-ALE, impulsor de la directiva europea para la protección de los 'whistleblower' --alertadores--, ha explicado en su ponencia que se aprobó en el Parlamento Europeo el 16 de abril con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones y que, una vez la apruebe el Consejo y se publique, los estados miembros tendrán dos años para transponerla, con lo que estará en marcha en 2021.

   En declaraciones a los medios tras su intervención, ha valorado que su entrada en vigor "cambiará bastantes cosas porque lo que busca es que la gente que denuncie irregularidades (no solo corrupción, sino de protección de medio ambiente, de salud pública y de salud alimentaria) pueda a partir de ahora denunciar sin miedo".

   Según ella, es una directiva que busca que las posibilidades de que se cometan irregularidades "disminuyan por el miedo de las personas que las están cometiendo de saber que alguien las puede denunciar de manera confortable, sin tener que acabar siendo mártir".

   Ha resaltado que la nueva normativa servirá "para que haya una cultura de cumplimiento de las normativas y de protección del interés público y general", y que además prevé sanciones a los estados miembros que incumplan.

   La asesora ha lamentado, sin embargo, que la directiva no permita las denuncias anónimas y ha admitido: "Tener una ley no significa un cambio cultural instantáneo, pero que los estados miembros y los gobiernos estén obligados a proteger a las personas que denuncian, yo creo que es un inicio".

   La directiva prevé dar cobertura y proteger a los alertadores que denuncien irregularidades a normativas europeas en materias tan diversas como el transporte, medio ambiente, blanqueo de capitales, consumo, salud pública y salud alimentaria, entre otros, dejando margen a los Estados para regulen más a fondo.

   La norma prohíbe toda forma de represalia o amenaza al alertador en su puesto de trabajo --suspensión, despido, degradación, cambios horarios, sanciones, tratos injustos, entre otros--, y considera que corresponde a la empresa probar que una determinada decisión no es una represalia y está justificada.

   Además, blinda al alertador para que no pueda ser perseguido por haber denunciado, quedando exento de responsabilidades posteriores por revelación de secretos, violación de derechos de autor y difamación, entre otros.

   No obstante, Bartlett ha puntualizado que no existe esta protección a la hora de conseguir la información, y que se rechazarán denuncias en las que se haya obtenido de forma "criminal", lo que para ella puede abrir la puerta a criminalizar a los alertadores a la hora de extraer datos revelantes para presentar denuncias.

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