BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado penal número 22 de Barcelona ha fijado este lunes 7 de noviembre como fecha de inicio del juicio por la muerte de cinco trabajadores en una obra de Grupo Habitat en el 22@ de Barcelona en 2006, han informado fuentes judiciales, que prevén que el proceso se alargue toda la semana.
En el juicio se deben analizar las posibles responsabilidades del entonces presidente de Habitat, Bruno Figueras, y del director general, Fernando Cirera; del jefe de obra, Miguel Ángel Luque; del encargado de Norbella --empresa que realizaba los trabajos en los que se produjo el accidente--, Fernando Mohino; del director de ejecución, Javier Vives, y del coordinador de seguridad, Luis Aguilar.
Cinco operarios murieron y otros dos sufrieron lesiones cuando trabajaban el 27 de julio de 2006 en la construcción de una galería de servicios en la calle Almogàvers y una pared de la excavación se les vino encima.
La Fiscalía solicita que se condene al presidente y al director general del grupo Habitat a dos años de prisión y una multa de unos 15.000 euros (50 euros diarios durante diez meses) por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El Ministerio Público acusa de lo mismo y de cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros dos de lesiones por imprudencia al encargado de la obra, al arquitecto técnico jefe de los trabajos y al coordinador de seguridad y salud de la promotora de la obra, que se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión.
El director de ejecución está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, de cinco faltas de homicidio por imprudencia y otras dos de lesiones por imprudencia, por lo que la Fiscalía reclama una pena de dos años y seis meses, así como a una multa de 7.500 euros (25 euros diarios durante 10 meses).
Asimismo, insta a todos los acusados a indemnizar de forma conjunta con 180.000 euros a la familia de uno de los fallecidos --los lesionados y el resto de perjudicados por los otros cuatro fallecidos ya fueron indemnizados-- por responsablidad civil, declarando la responsabilidad civil directa de las aseguradoras Winthertur y Mapfre y la subsidiaria de Habitat.
La fiscal sostiene en su escrito de acusación que el jefe de obra y el encargado no tomaron ninguna medida de seguridad antes de ordenar a las víctimas que bajaran a trabajar en una zanja de canalización de "considerables dimensiones" --tenía 5,10 metros de profundidad, cuatro de ancho y 12,5 de largo--, y sabían que el muro de contención no había sido apuntalado.
Añade que los trabajadores advirtieron del peligro de derrumbe momentos antes, pero que Mohino les contestó que "era necesario acabar los trabajos antes de las vacaciones".
CC.OO. de Catalunya, como acusación popular, también estima que hubo faltas graves en las medidas de seguridad y ve un delito de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, por lo que solicita cuatro años para Figueras, Cirera y Mohino y tres años y multa para el resto de imputados.
El escrito de acusación de CC.OO. señala que el accidente "puso de manifiesto que Habitat desarrollaba su actividad mediante una constelación de empresas que actuaban de forma descoordinada" y "la subcontratación en cadena contribuyó al descontrol".
Entre los fallecidos había tres pakistaníes dependientes de una subcontratista, dos de los cuales no contaban con autorización para trabajar en España.
