ERC, Comuns y CUP se oponen a que funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

ERC, Comuns y la CUP se oponen a la propuesta de resolución para la modificación de la Ley de Función Pública que será votada este miércoles por la tarde en el Parlament y con la que se pretende dotar de rango de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

Representantes de los tres grupos parlamentarios han asistido a una rueda de prensa este miércoles en el Parlament junto a la red Dret i Presó --formada por 10 entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en prisión--, en la que el abogado David Aranda, de Arrels Advocats e integrante de Alerta Solidària, ha afirmado que este hecho "no tiene una trascendencia real en la protección de los funcionarios de prisiones".

Según Aranda, se trata de "una respuesta a chantajes y presiones sindicales por parte de determinados sindicatos", pero no responde a una necesidad real del cuerpo de funcionarios, sino que se trata de una acción de cara a la galería, en sus palabras.

Así lo considera, puesto que los funcionarios de prisiones ya están amparados por el delito de atentado contra la autoridad, por lo que otorgarles el rango de agentes de la autoridad no los dotará de una mayor protección, ha explicado el abogado.

Además, ha recordado que el fundador de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 --aprobada por unanimidad en el Congreso, aunque no en el Senado, con el voto en contra de Lluís Maria Xirinacs--, Carlos García Valdés, ponía en valor que "por primera vez los funcionarios de prisiones serían un cuerpo civil", lo que suponía una despolicialización de las prisiones.

"Estamos retrocediendo a tiempos del franquismo en materia penitenciaria, volviendo a querer policializar los cuerpos de funcionarios de prisiones", ha señalado en nombre de la red, que defiende que se debería avanzar hacia el tratamiento penitenciario.

PRESUNCIÓN DE CERTEZA

Las entidades consideran que, de aprobarse esta modificación, iría en "detrimento" de las personas privadas de libertad, que están sujetas a la disciplina penitenciaria y que si incumplen cualquiera de las normas se pueden ver abocadas a un procedimiento sancionador administrativo que puede comportar sanciones.

Hasta ahora, ha explicado el abogado, los internos gozan de la presunción de inocencia frente al juez de vigilancia penitenciaria, es decir, es el funcionario quien tiene que demostrar que el preso ha hecho algo negativo.

Sin embargo, con esta modificación se dotaría a los trabajadores públicos de una presunción de certeza, "de veracidad", de forma que su testimonio prevalecería sobre el de los internos.

"Entendemos que esto dota de mayor poder a los funcionarios que a los internos, dejando a los internos en una situación muy desequilibrada", ha subrayado Aranda, que ha asegurado que, a día de hoy, los jueces ya tienen una tendencia a creer, con bastante certeza, a los funcionarios.