El Foro Social Permanente lamenta no augurar cambios en política penitenciaria
BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Institut Català Internacional per la Pau (Icip) y el Foro Social Permanente han presentado este martes en Barcelona un estudio sobre el desarme de ETA que afirma que el Estado "ha intentado por todos los medios detener y evitar todo proceso de desarme que no implicase la rendición de una de las partes".
El documento que han presentado el presidente del Icip, Xavier Masllorens, y los representantes del Foro Social Permanente Teresa Toda y Agus Hernán indica que tanto el Gobierno como las fuerzas de seguridad del Estado han actuado "con el objetivo de entorpecer el desarme".
El Icip es un organismo público dependiente de la Generalitat aunque con personalidad jurídica propia, creado por el Parlament en 2007 como entidad de investigación, divulgación y acción.
Su estudio 'El modelo vasco de desarme. Lecciones aprendidas de un proceso innovador' señala que el Estado "se ha negado a facilitar un proceso por el cual toneladas de armas, municiones y explosivos fueran adecuadamente depositados fuera de circulación por parte de una organización armada con una historia de más de 50 años, en plena Europa".
Teresa Toda ha defendido que el caso del País Vasco "es único porque tiene que afrontar una situación insólita en el mundo: un gobierno que no quiere ningún tipo de contacto con una organización que se quiere desarmar y desmovilizar, y tampoco facilitar el desarrollo de ninguna fase del proceso en su conjunto".
Ha recordado que cuando ETA hizo en enero de 2014 un "primer gesto" de desarme, la Audiencia Nacional llamó a declarar a los observadores internacionales de la Comisión Internacional de Verificación (Civ), y que, pese a todo, el proceso de desarme avanzó hasta que en julio del mismo año la banda terrorista anunció que había desmantelado sus estructuras logísticas y operativas.
Agus Hernán ha explicado que el desarme de ETA "ha respondido a los estándares internacionales" definidos por la ONU en el modelo Desarme, desmovilización y reintegración (DDR), que, según ha dicho, es un modelo flexible, que puede adaptarse a todo tipo de conflictos.
TRES RETOS
Hernán también ha apuntado que el conflicto en el País Vasco tiene que superar tres retos, el primero de los cuales son las víctimas: ha asegurado que "todos los actores reconocen que todas las víctimas" tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que son, según ha dicho, las garantías de no repetición.
El segundo reto es la política penitenciaria: hay 292 presos vascos, 56 de ellos en cárceles francesas y el resto en cárceles de España --la mayoría en prisiones "de Madrid para abajo"--, y el 92% está en régimen de primer grado, mientras que sobre el total de la comunidad carcelaria solo el 2% está en primer grado.
Para Hernán, "la sociedad vasca quiere dar solución a la problemática de la excepcionalidad penitenciaria", pero el Foro Social Permanente no ve ningún indicador que apunte que el Gobierno central modificará su política penitenciaria.
Y el tercer reto es el relato y conseguir una memoria en que todos los vascos se sientan representados, en la que no haya "vencedores ni vencidos", para construir una convivencia democrática y un proceso de conciliación, ha dicho.
