BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Agrupació Mútua entre 2003 y 2008 Jordi Conejos, imputado por presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida, estafa y falsificación de documento mercantil, ha negado este lunes ante el juez de instrucción número 13 que maniobrara para descapitalizar la entidad --que sufrió un perjuicio de 20 millones-- en beneficio de la constructora Lodares 98.
Según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, el también consejero de la empresa hasta 2009 Miquel Navas se ha acogido a su derecho a no declarar a la espera de conocer el contenido de una prueba pericial aportada por otra de las partes acusadas, la del administrador de la empresa Lodares 98, Venerando Lamelas, --también imputado y que ha negado los hechos-- que se habría beneficiado de estas irregularidades.
Tras las declaraciones de estos tres imputados, la Fiscalía de Barcelona, que presentó la querella este enero, estudiará ahora la pericial aportada por Lamelas, que vendría a justificar la legalidad de las operaciones, y negaría cualquier enriquecimiento ilícito o gestión desleal, han asegurado las mismas fuentes.
Según la querella, Agrupació Mútua realizó aportaciones cifradas en más de 70 millones de euros a su filial Amci BD 2008 por distintas vías con el objetivo de comprar unos terrenos en 2007 para realizar una promoción inmobiliaria en la que se incluía la nueva sede de la empresa.
Por ello, pagó a la constructora Lodares 98 para que llevara a cabo servicios de promoción inmobiliaria que, supuestamente, en ocasiones ésta "habría cobrado y no realizado y, en otras, habría cobrado por encima del precio de mercado o llegado a cobrar por dos vías distintas", reproduce la querella.
El caso salió a la luz después de que Agrupació Mútua fuera intervenida por la Dirección General de Seguros en 2009 y que, tras analizar la documentación de la empresa filial, detectara que se habían producido "actos de despatrimonialización" con perjuicio para Amci BD y para la misma empresa matriz, por lo que denunciaron la situación.
El texto destaca que en tres semanas el coste inicial de la operación pasó de 26 millones de euros --lo que costaría sólo la sede-- a 103, lo que incluía además oficinas, suelo comercial, y plazas de aparcamiento.
Según la Fiscalía, los actos de descapitalización presuntamente comprenderían el pago de un importante sobreprecio no justificado en la adquisición de terrenos, la realización de contratos y convenios "extraordinariamente beneficiosos" para la sociedad Lodares 98, la verificación de importantes pagos sin justificación y supuestos constatados de facturación falsa.
