BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El conseller de Interior del Govern cesado, Joaquim Forn, ha asegurado que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su recurso para pedir su salida de prisión, tal y como ya hicieron los exconsellers de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull. En su recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Forn ha argumentado que el exconseller "asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" después de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central. "Joaquim Forn acudió a la Conselleria de Interior, reunió a todo el personal, se despidió del mismo, recogió todas sus pertenencias y no volvió más a dichas dependencias", esgrime su defensa para tratar de convencer de que no hay ningún tipo de riesgo de reiteración delictiva si queda en libertad provisional. También añade: "El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente. A ello conduce de un modo casi inexorable la respuesta de la comunidad internacional y la vigencia de la norma". Para defender que no hay riesgo de fuga, pone sobre la mesa que el exconseller se presentó a declarar cuando fue citado como investigado el 2 de noviembre, desplazándose desde Bruselas, a donde había ido con otros miembros del Govern cesado para poner en conocimiento de las autoridades europeas la situación política en Catalunya. También alude a que su arraigo personal y familiar en Barcelona es total: "La aventura de la fuga es absolutamente impensable para nuestro demandante. Ni tiene medios de riqueza, ni con su conducta ha evidenciado vocación de destrozar su vida y la de sus familiares más queridos". Descarta también que pueda destruir pruebas porque Forn, que asumió el cargo el 14 de julio de este año, fue cesado con el resto del Govern el 27 de octubre en aplicación del artículo 155, por lo que "en su actual condición de ciudadano desvestido de toda autoridad o cargo" no tendría posibilidad de ocultar pruebas relacionadas con el funcionamiento del Govern o del Parlament. Sobre el delito de rebelión del que se les acusa, la defensa de Forn expone que no puede considerarse que se hubiesen producido hechos violentos para poder sostener esta tesis, y dice que el conflicto entre Govern y Parlament con el Gobierno central "no se ha desarrollado en los términos prebélicos que contempla el precepto". Añade el recurso que el apoyo a las manifestaciones multitudinarias y a la movilización permanente no implica necesariamente una escena amenazante y de violencia porque esta equiparación vendría a supone "atribuir uso de violencia a cualquier manifestación no autorizada". En cuanto a la supuesta sedición, el abogado del exconseller defiende que el 1 de octubre, durante el referéndum de independencia, la Conselleria de Interior participó con el despliegue de los Mossos d'Esquadra para "hacer cumplir" las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según su versión, "no constan, ni pueden constar, por no haber acontecido nunca, conductas" del que era conseller de Interior de abierta desobediencia a los mandatos de la magistrada del TSJC que ordenó impedir las votaciones del referéndum. El abogado del exconseller también descarta que hubiese malversación de fondos públicos, y para ello se basa en el auto con el que el Tribunal Supremo rechazó la petición de la Fiscalía de que los miembros de la Mesa del Parlament tuviesen que pagar una fianza.
