Cinco exconsellers se querellan por el "peligro seguro de destrucción" de las obras de Sijena

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han presentado este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) al entender que existe un "peligro seguro de deterioro o destrucción" de las obras.

   La querella la ha presentado el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representación de los exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás y Àngels Ponsa, y se dirige contra la magistrada y contra los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena que interpusieron una demanda de ejecución de la sentencia.

   En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, los exconsellers alegan que pese a haber agotado el ejercicio de sus funciones como máximos responsables en Cultura y preservación del patrimonio, siguen ostentando una responsabilidad en la preservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) ubicados en Catalunya.

   Sostienen que de ejecutarse la sentencia, que ordena el traslado de las pinturas murales a Huesca, se produciría una "destrucción" o grave alteración de un BIC, como han alertado varios expertos, y plantean posibles responsabilidades penales por presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.

DELITOS

   El escrito, que ha sido presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esgrime que la ejecución de la sentencia, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2, comporta "ineludiblemente" la consumación de un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el Código Penal.

   En este sentido, recuerda que las pinturas de Sijena están sometidas a tal grado especial de protección que decaen otros derechos, como el de ejecutar una sentencia "si tal acto implica la consumación de un delito".

   Argumenta que, si después de haberse aportado diversos informes periciales que alertan del "peligro seguro de deterioro o destrucción de las obras" se mantiene la pretensión de trasladarlas, con manifiesto deprecio al seguro y fatal resultado, los responsables podrían incurrir en un delito de prevaricación.

   Por todo ello, solicitan que se practiquen varias diligencias, entre ellas, el interrogatorio a los querellados, y que se adopten medidas cautelares: "Nos parece coherente y necesario que se ordene la paralización de la ejecución instada de una sentencia firme".

"LA EJECUCIÓN DEBE DECAER"

   Los cinco exconsellers, acompañados de Alonso-Cuevillas, han explicado la interposición de la querella en un acto celebrado este martes en les Cotxeres de Sants, en Barcelona.

    Alonso-Cuevillas ha subrayado que se trata de un tema jurídicamente complejo porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que establece que la propiedad de las obras pertenece a Aragón, una sentencia en la que considera que han primado los criterios políticos sobre los "estrictamente jurídicos" y contra la que la Generalitat no ha querido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   Ante esta situación anómala ha dicho que se debe ponderar el derecho a una tutela judicial efectiva que requiere que se ejecute la sentencia y el hecho de que la ejecución de esta comporte la comisión de un delito y que el Estado español no pueda cumplir con sus obligaciones internacionale.

    "La ejecución de la sentencia debe decaer", ha sentenciado, aludiendo a informes independientes que alertan de posibles daños irreparables.

"DAÑO IRREPARABLE A LA HUMANIDAD"

   Puig, que ha comparecido por videoconferencia, ha subrayado que a los cinco exconsellers les mueve el mismo sentimiento, la voluntad de cumplir con las leyes que protegen el patrimonio catalán, y que al enterarse al final de este procedimiento de que había un artículo del Código Penal que les permitía actuar no dudaron "ni un minuto" en hacerlo.

    En este sentido, ha dicho que espera que la querella sirva para evitar este "daño irreparable para la humanidad, que sería la destrucción de estas pinturas" y que no se puede claudicar, que hay que resistir, ser resilientes y seguir luchando.

 "PRETENDE SER UNA HUMILLACIÓN"

   Mascarell ha subrayado que este asunto es esencialmente político y que si los exconsellers han decidido presentar esta querella es porque entienden que la respuesta por parte Ayuntamiento de Barcelona, del Govern y del Ministerio de Cultura "está siendo débil".

   Ha lamentado que los catalanes deban ser los únicos en el mundo obligados a devolver obras artísticas, incluso dentro del mismo Estado, y que quienes lo han ordenado tienen la absoluta convicción de que la catalanidad se tiene que liquidar: "Esto pretende ser una humillación".

"SON SENTENCIAS POLÍTICAS"

   Tresserras ha manifestado que el objetivo de la querella es hacer lo máximo posible por preservar la integridad de estas obras, que lo que hizo el MNAC entra dentro de las mejores prácticas posibles para conservar el patrimonio y que, por eso, cuando desde Aragón acusa de expolio "es mentira".

   Otro de los motivos para presentar la querella, ha señalado, responde a la defensa del MNAC y de sus trabajadores y ha lamentado que las resoluciones que dictan el traslado de las obras "son sentencias políticas que estaban preestablecidas".

"PRESERVAR NO ES POSEER"

   Borrás ha señalado que si la catalanofobia fuese un arte, el traslado de las obras de Sijena sería "una obra maestra" y que la querella se fundamenta en tres ejes: la preservación artística como principio irrenunciable, la responsabilidad compartida de todos los actores implicados y el sentido cultural.

   Ha subrayado que este bien es extremadamente valioso, pero también extremadamente frágil, que su estado actual y futuro depende de las condiciones de conservación de donde están, que es el MNAC, y que expertos independientes han certificado que su manipulación puede comportar daños irreversibles: "Preservar no es poseer", es garantizar la supervivencia del arte, ha remarcado.

"PEQUEÑEZ MORAL INMENSA"

   Finalmente, Ponsa ha expresado que de ejecutarse la sentencia supondría un ataque contra la ciudadanía y una vulneración de los derechos culturales.

   Además, ha reivindicado que los catalanes han estado conservando estos bienes con sus impuestos, que se han preservado en muy buen estado de conservación en el MNAC y que es una obligación que lleguen a las futuras generaciones, por lo que correr el riesgo de que sufran un daño o la destrucción "es de una pequeñez moral inmensa".