El exfiscal general del Estado García Ortiz asiste en la UB a un análisis sobre su condena

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) ha acogido este jueves una jornada coorganizada junto a la Associació Catalana de Justistes Demòcratas (ACJD), que ha reunido a miembros de la Academia, la judicatura, la abogacía y la Fiscalía para analizar la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha asistido al acto.

Precisamente este jueves, el Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por la Abogacía del Estado, en representación del ex fiscal general, y la Fiscalía contra la sentencia que le condenó por el delito de revelación de secretos.

MONTSERRAT COMAS

En su intervención, la magistrada jubilada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Montserrat Comas, ha asegurado que la condena es injusta y ha subrayado que después de leer los argumentos "potentes y convincentes" de las dos magistradas discrepantes, sabiendo que una de ellas era la ponente y la primera en pronunciarse, le resulta inconcebible que no se dictara una sentencia absolutoria por unanimidad.

Comas ha tildado la sentencia de "decepcionante y preocupante" y ha añadido que ya en fase de instrucción detectó anomalías, dado que en la resolución del 15 de octubre de 2024 los magistrados tenían que haber hecho un auto de inadmisión a trámite de la querella, porque ya tenían todos los elementos para considerar que la nota de prensa emitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no era constitutiva de delito.

Ha recordado que la nota se publicó después de una noticia en prensa que desvelaba un presunto fraude fiscal por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no sobre la posible conformidad, y después de que Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hicieran declaraciones públicas "falseando y manipulando los hechos".

Fue esta falsa explicación la que dio origen a un debate público que ponía en cuestión la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía, y lo que motivó que García Ortiz decidiera hacer una nota pública sobre estos hechos, que ya se habían revelado de manera "manipulada y tergiversada".

Cree que el recurso de amparo tiene trayectoria ante el Tribunal Constitucional y espera que la injusticia sea reparada: "Creo que el Estado de Derecho está en deuda contigo", le ha trasladado al exfiscal general, sentado en segunda fila.

JORDI NIEVA

El catedrático de Derecho Procesal de la UB, Jordi Nieva, ha desgranado los 4 indicios en los que el tribunal se ha basado para sustentar la condena.

La primera, que García Ortiz destruyó datos de su teléfono móvil, sobre lo que ha precisado que existe el derecho de no aportar pruebas contra uno mismo y que no tenía por qué entregarlo, entre otras cosas, por el cargo que ocupaba y porque albergaría datos "que no tienen por qué trascender".

Sobre la llamada de un periodista, ha subrayado que no fue atendida por el exfiscal general, y ha criticado que el tribunal dotara de total credibilidad a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando existía "una animadversión evidente contra el acusado, lo que restaría credibilidad a un testigo en cualquier sistema jurídico.

Ha lamentado que a los 6 periodistas citados como testigos no se les consideró creíbles, sin argumentar los motivos, y ha apostillado que a esta información tuvieron acceso no sólo el exfiscal general sino varias personas, un dato "no solo ignorado, sino soslayado" por la sentencia.

Parafraseando al jurista Ronald J. Allen ha defendido que una persona puede ser condenada cuando se tiene una hipótesis que no tenga contradicciones, que no tenga lagunas, que sea coherente, consistente y fácil de entender, y sólo si no hay una hipótesis exculpatoria con esas mismas características.

En este caso, ha preguntado retóricamente cuántas historias alternativas existen, un hecho que reconoce la propia sentencia al apuntar que el origen de la filtración fue García Ortiz o alguien de su entorno: "Es una sentencia que debió haber sido claramente de inocencia".

OLGA ARDERIU

La abogada en Derecho Penal y miembro de la ACJD, Olga Arderiu, ha hecho un paralelismo con el juicio del procés, en el que ejerció la defensa de Carme Forcadell, y ha dicho que son dos casos en los que "la ideología acaba dominando" sobre los principios del derecho penal.

El resultado, ha dicho, son dos sentencias en las que no se sabe exactamente las acciones que realizan las personas condenadas y que carecen de "una adecuada valoración de la prueba", lo que pone en peligro la salud de nuestro Estado de Derecho.

Asimismo, ha añadido que la sentencia se basa en prueba indiciaria y no en prueba directa y que, en este sentido, el TS hace pasar por indicios "meras sospechas"

"No sabemos quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho y en qué circunstancias, lo único que sabemos es que [García Ortiz] lo sabía", ha ironizado la penalista, que ha dicho que la fundamentación es absolutamente inaceptable para sostener una condena.

Para Arderiu se han forzado los tipos penales y se le ha aplicado uno que no corresponde: "Espero que esta sentencia sea anulada" para restituir el honor y la carrera del fiscal, ha concluido.

FÉLIX MARTÍN

El fiscal delegado en la Audiencia de Barcelona y presidente de Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, ha destacado la excepcionalidad constitucional del caso, y ha dicho que el verdadero debate es si el estándar de la presunción de inocencia "se ha devaluado y se ha devaluado de tal manera que es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos".

Ha recordado que los indicios "ni son sospechas ni son conjeturas", y que no porque el TS lo afirme estos se convierten en indicios.

También, que una de las claves de este asunto es que la "plausibilidad no es lo mismo que la acreditación" y que se ha jugado continuamente con el hecho de que, por tratarse de una hipótesis plausible que García Ortiz fuese el origen de la filtración, se ha dado por acreditado.

Martín también ha lamentado el "escarnio público" al que se sometió a García Ortiz cuando el tribunal que le enjuició en primera y única instancia le comunicó que lo condenaba a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200, pero solo con el fallo.

Para Martín, que entiende que la sentencia vulnera los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la solidez de un tribunal y su conocimiento técnico no es suficiente, sino que tiene que aparentar "rigor, prudencia, neutralidad y respeto institucional".

Félix Martín ha recordado que los fiscales no son parte del poder, sino un contrapeso del mismo, y que actúan como la voz de la legalidad, pero que esta sentencia les ha colocado "ante una tensión inédita".

"No podemos aceptar que se flexibilice la presunción de inocencia ni la carga indiciaria", ha remarcado Martín, que ha añadido que desde la UPF van a pelear por defender la dignidad de su exjefe, de su trabajo y de todos los fiscales del Estado.

NEUS PUJAL

A la jornada también han asistido la Fiscal Jefe de Barcelona, Neus Pujal, y el magistrado Baltasar Garzón, que ha expresado que la sentencia "es absolutamente una amenaza contra la democracia".

El acto, que ha sido moderado por la profesora agregada de Derecho Constitucional de la UB, Natàlia Caidedo, y presentado por el decano de la Facultad de Derecho de la UB, Andreu Olesti, lo ha concluido el exfiscal jefe de Catalunya y expresidente de la ACJD, José María Mena, que se ha declarado "cómplice en la lucha por la democracia" junto a Álvaro García Ortiz.